Que esta vez se haga justicia

El pasado 18 de julio la asociación internacional por la defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó un documentado y esclarecedor informe sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con el título España: poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista. Como familiar de una víctima del franquismo, me ha parecido escandaloso comprobar por tan acreditadas fuentes que el Estado y todos los gobiernos democráticos españoles hasta la fecha no han abordado consecuentemente sus obligaciones con respecto a estas víctimas.

Conforme al marco jurídico internacional aplicable en materia de derechos humanos, en concreto los aprobados en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son del todo inaceptables el olvido y la impunidad respecto de estos crímenes, que pese a las tesis negacionistas o las tesis dirigidas a legitimar el olvido, no prescriben ni merman los derechos de las víctimas.

Bajo insistentes alegaciones de ciertos sectores de "no abrir heridas", hasta el momento no han sido esclarecidos tales crímenes. Lejos de querer "abrir heridas", el informe de AI insta desde su imparcialidad a cerrar aquellas que permanecen abiertas desde 1936 y que el Estado español todavía no se ha atrevido a cerrar, contraviniendo todas las disposiciones del derecho internacional. Según éste, los Estados deben ser garantes de los derechos humanos y perseguir los crímenes de lesa humanidad. Según el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este deber de garantía esta integrado por cinco obligaciones esenciales y que todavía hoy el Estado español sigue incumpliendo: la obligación de investigar, la obligación de llevar ante la justicia y sancionar a los responsables, la obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la obligación de brindar justa y

adecuada reparación a las víctimas y a sus familiares, y la obligación de establecer la verdad de los hechos. En momentos en que la actual Administración española prepara una respuesta con medidas hacia las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista, AI se ha adelantado al Gobierno con este informe que deja de modo claro cuáles son las obligaciones de Estado en materia de derechos humanos. Esperemos que esta vez sí se haga justicia. No nos gustaría comprobar que de nuevo nos falle otro Gobierno más de esta democracia.