Sobresaltos históricos
No se requieren muchas luces para llegar a la conclusión de que la semana que nos disponemos a finalizar ha sido la que más sobresaltos ha deparado para la elaboración y aprobación del nuevo Estatut. No es ésta una cuestión menor si pensamos en los muchos desencuentros que desde el inicio de la ponencia parlamentaria, hace más de 15 meses, hasta hoy se han producido. Hasta hace muy pocas semanas nadie dudaba que estas crisis no ponían en peligro la aprobación posterior del nuevo proyecto de Estatut. Se suponía que era correcto el razonamiento según el cual ninguna formación política catalana, excepto el PP, podría asumir un voto contrario al proyecto de reforma presentado. Hoy, viernes 29 de julio, la fecha prevista para que las enmiendas a la proposición de nuevo Estatut sean votadas en comisión, las dudas sobre el éxito político de la aventura reformadora del texto estatutario son considerables. En el momento de escribir este artículo, entre la mayoría de los protagonistas existe el convencimiento de que sólo un milagro puede conseguir que en la votación parlamentaria de hoy se produzca una mayoría suficientemente amplia como para poder afirmar que la presentación, discusión y votación por el pleno del Parlament del que debería ser el texto del futuro Estatuto, previstas para el próximo septiembre, será sólo un trámite.
El motivo de la presente crisis es la pretensión de que la apelación a los derechos históricos de Cataluña sea recogida en el texto estatutario como base para blindar las competencias futuras de la Generalitat. En la medida en que hay una historia política catalana previa a la Constitución de 1978, con instituciones propias de gobierno, me parece fuera de discusión que los derechos históricos referidos a la capacidad de autogobierno existen. El reconocimiento de la existencia de nacionalidades históricas en la Constitución de 1978 es una forma de hacer referencia a la existencia de una tradición de autogobierno y, de alguna manera, de unos derechos históricos de autogobierno que fueron en diversos momentos de la historia moderna cortados por imposiciones políticas y militares, siempre de malas maneras. Realizada esta afirmación, hay que decir inmediatamente que a pesar de ello no es fácil encontrar en el catalanismo político contemporáneo una apelación tan directa a esos derechos históricos, y mucho menos como eje principal en torno al cual plantear el acceso y el fortalecimiento de nuestro autogobierno.
Ésta es, como el lector probablemente sabe, una de las grandes diferencias entre el catalanismo y el vasquismo, y especialmente entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, muy anclado este último en la tradición foral y los derechos históricos. Sólo muy recientemente han aparecido en Cataluña algunos trabajos de interés, muy probablemente como complemento a los estudios sobre derechos históricos como contribución para abrir vías de profundización del autogobierno, especialmente en Euskadi, realizados a finales de los noventa por Miguel Herrero de Miñón y por el desaparecido (por asesinato de ETA) Ernest Lluch, entre otros. Creo que es en ese contexto donde debemos ubicar las pocas reflexiones sólidas de que hoy disponemos sobre esta cuestión, realizadas entre otros por el notario López Burniol y muy especialmente por Joquim Ferret (Catalunya i els drets histórics, colección IEA 2001). Pero la existencia de esta obra y seguramente de otras (recuerdo un trabajo del diputado Joan Ridao sobre esta cuestión) no significó en ningún caso la incorporación de la apelación a los derechos históricos como uno de los ejes del discurso político catalanista, nacionalista o independentista.
Llegados a este punto, la pregunta que parece inevitable hacerse dada la magnitud de la crisis política que Cataluña aborda es por qué precisamente en este momento del proceso de elaboración del nuevo Estatut aparece esta cuestión con la fuerza que lo hace. La respuesta no es fácil, pero quizá pueda ayudar a saber los motivos si atendemos el razonamiento del ponente de CiU, Francesc Homs, cuando el 14 de julio afirmó que acerca de la propuesta de los derechos históricos: "Hace tiempo que la teníamos en la recámara por si las cosas no iban suficientemente bien".
Es decir, una propuesta guardada en la recámara, sacada a la luz en el tramo final de tramitación del estatuto, se ha convertido en el gran obstáculo para que Cataluña pueda encarar un nuevo periodo político. No creo en las casualidades y tampoco creo en la inocencia de las propuestas políticas como la que nos ocupa. Es evidente que el PSC hace demasiados días que se sabe presionado por el PSOE, el cual a la vez considera inaceptable el texto aprobado hace unas semanas en la ponencia con los votos del PSC, ERC e ICV. Por lo que parece, alguien que nunca ha visto con entusiasmo que en esta legislatura se pudiera aprobar un nuevo Estatut decidió dar en el momento oportuno una vuelta a la tuerca para generar una nueva crisis. Y es evidente que en esta ocasión la estrategia ha funcionado e incluso han conseguido que sea el PSC el que deba dar explicaciones ante una votación, la de hoy, en la que quienes con toda probabilidad votarán contra enmiendas que se aprobarán serán los socialistas. La cuestión que queda por responder es sobre los motivos que a estas alturas del proceso de reforma hacen posicionar a ERC en el sentido que los derechos históricos son una mención irrenunciable que el nuevo Estatut debe contemplar. ¿Qué espera obtener ERC de esta crisis? ¿Es el inicio de un nuevo escenario político o simplemente un paso en falso que deberá deshacer?
Jordi Sánchez es politólogo.
