La Zona Franca de Cádiz acuerda llevar a los tribunales a los dos ex delegados del PP

Los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, tendrán que responder de su gestión ante los tribunales. El comité ejecutivo de la Zona Franca acordó ayer solicitar a la Abogacía General del Estado que inicie los trámites para presentar una querella criminal contra estos altos cargos populares que dirigieron el recinto fiscal gaditano durante el Gobierno de José María Aznar, por los contratos millonarios que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió.

Según la Abogacía del Estado, a Rodríguez de Castro se le podría acusar de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna será por un presunto delito societario.

La querella incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva. A éstos el abogado del Estado José Ignacio Monedero, acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone, con sede en Estados Unidos, a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y arrastra un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998.

Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva -filial de Abengoa-, quien recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación la red informática que nunca llegó a funcionar, porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.

El actual delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, anunció ayer que el consorcio gaditano y la Abogacía del Estado presentarán la querella antes del 5 de agosto con la intención de que los delitos, cometidos supuestamente desde diciembre de 2000, no prescriban. Para De Mier, el "demoledor" informe de la Abogacía del Estado constata que "pudo haber un cierto manejo de caudales públicos en una contratación que desde el principio no estuvo nada clara". Y añadió: "¡Que casualidad que mientras nos acusaban a todos los compañeros y a mí por el hecho de ser socialistas de maletines (...) el quebranto económico lo cometieron ellos con casi 48 millones de euros en pérdidas. No tengo pruebas para afirmar que lo conociera alguien, pero si no es así el sistema era horrible".

Sobre la acusación a Osuna, dijo: "Entiendo que conocía lo que aquí ocurrió por lo que se deduce de los informes de la propia Zona Franca (...) y no puso remedio, sino que aceptó la totalidad del proyecto de Miami Free Zone". De Mier aprovechó su comparecencia pública para cuestionar la conducta del PP en este proceso. "Tienen el derecho a defenderse, pero están intentando enturbiar este asunto sin seriedad ni honestidad", dijo el delegado, tras conocer que el PP le ha acusado de "amañar" un informe de un departamento de la Universidad de Sevilla que cifra en apenas un 28% el valor del material informático que recibió la Zona Franca por los 6,7 millones que pagó a Miami Free Zone y Telvent.

El PP se abstiene

"Hemos sido escrupulosos y la propia Abogacía del Estado ha afirmado que con o sin ese informe universitario, la querella se tiene que presentar porque se han pagado muchos millones sin contraprestación alguna", dijo.

A favor de estas querellas votaron el delegado, los dos vocales del Estado y la representante de Aduanas. Los dos consejeros del PP -los concejales Enrique García Agulló e Ignacio Romaní- y el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual, se abstuvieron. Romaní justificó la abstención popular en las "formas desafortunadas" del delegado, a quien acusaron de actuar con "parcialidad".