El decreto que regula las incompatibilidades y la declaración de bienes afecta a unos 300 cargos públicos

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy el decreto que regula la ley de Incompatibilidades y las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los altos cargos de la Junta de Andalucía, "el más estricto del país", en opinión de la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López. La medida afecta a cualquier cargo nombrado por decreto y los responsables de las entidades de derecho público, organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios en los que la Administración andaluza tengan una participación directa superior al 50%. Alrededor de 300 personas se verán concernidas por la ley, según informó la consejería.

El decreto regula el contenido de la declaración de actividades, bienes e intereses, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y a la que se podrá acceder a través de Internet. Esta declaración deberá contener, entre otros, los siguientes datos: saldo de cuentas bancarias a la fecha del nombramiento y cese; bienes muebles cuyo valor supere los 6.000 euros; seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros; información sobre créditos; bienes inmuebles; pensiones; participaciones en sociedades. Esta información se contrastará con la declaración tributaria que también se adjuntará y revisará anualmente. Los hijos menores y las parejas de los altos cargos no podrán ostentar una participación superior al 10% del capital en sociedades que gestionen cualquier servicio público.

La principal novedad de la ley, aprobada por el Parlamento dentro del paquete de impulso democrático en marzo pasado, es el régimen sancionador. El decreto tipifica tres tipos de infracciones (muy grave, grave y leve), cuyas sanciones van desde el cese inmediato, a la imposibilidad de ocupar cargos públicos entre tres y 10 años. También se contempla la posibilidad de suspender de empleo y sueldo con carácter provisional hasta que se resuelva la instrucción de la infracción. La consejera estimó que en unos dos meses estará disponible la información, que será pública hasta dos años después del cese. El decreto también regula la cesantía que podrán percibir 140 altos cargos.