El crimen organizado campa en Nuevo Laredo
La guerra entre dos carteles del narcotráfico ha convertido la ciudad fronteriza con EE UU en la más violenta de México
"En esta esquina mataron a un municipal; en aquel cruce ametrallaron a un jefe de la Policía Federal Preventiva desde dos camionetas con tipos disfrazados de agentes judiciales; a dos cuadras del Gobierno municipal, asesinaron a dos comandantes; esta casa fue sellada porque era de un narcotraficante; en aquella, capturaron a un capo". Un recorrido por Nuevo Laredo de la mano del periodista Raymundo Ramos es un recuento de los crímenes que ensangrientan diariamente esta ciudad de la frontera norte de México, la más violenta del país y que desde hace un mes está sin policía local.
La lista es interminable. Cualquier vecino de Nuevo Laredo tiene una historia de muerte que contar. En lo que va de año, 100 personas han sido asesinadas, 13 de ellas policías, y los detenidos no llegan a la decena. En 2004, hubo 64 muertos. A finales de junio se descubrió una vivienda donde había 43 personas dadas por desaparecidas. Los secuestradores, pertenecientes a una banda criminal, interrogaban a las víctimas para decidir luego qué hacer con ellas. Algunas tendrían lazos con el crimen organizado o eran familiares de traficantes.
En 1848, la Villa San Agustín de Laredo, fundada por el español Tomás Sánchez, quedó dividida en dos tras el tratado que puso fin a la guerra en la que México perdió Tejas. Muchas de las familias originales no se resignaron a pertenecer a una nueva nación (Estados Unidos) y cruzaron hacia la margen derecha del río Bravo, donde fundaron Nuevo Laredo.
Actualmente, los cuatro puentes entre Nuevo Laredo y Laredo Tejas son el paso fronterizo más importante del continente americano, por el que transitan diariamente entre 8.000 y 10.000 camiones de gran tonelaje. Como vía de acceso a los mercados de EE UU, Nuevo Laredo es un punto estratégico para el comercio legal y el ilegal. Quien controla los cruces fronterizos está en posición de fuerza frente a cualquier organización, mexicana o extranjera, para negociar el paso de la droga.
Objetivo: las familias
Desde agosto de 2002, dos bandas de narcotraficantes pelean por tan preciada plaza. El cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, trata de arrebatar el control al cartel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén, cuya fuerza de choque es conocida como Los Zetas. Nacidos de un grupo de desertores del Ejército, estos sicarios se han convertido en una temida fuerza con autonomía creciente dentro de la banda. Los vecinos de Nuevo Laredo hablan de "la guerra entre los Zetas y los Chapos" con la misma naturalidad con la que afirman que en la ciudad "siempre hubo narcotráfico".
El comportamiento de los carteles de la droga ha cambiado en los últimos años. Según cuenta Ramos, hasta la década de los noventa "los narcos respetaban una regla no escrita: las diferencias se dirimían entre los implicados, pero no se tocaba a los familiares". Hoy, los parientes son el objetivo de los ajustes de cuentas. La falta de reglas, la debilidad de las instituciones y la corrupción de la Policía Municipal permitieron el avance del crimen organizado. Los sicarios eran (y son) capaces de matar en cualquier lugar y a cualquier hora, y exhibían sus armas en la calle, donde han llegado a controlar el paso de vehículos como si tuvieran competencias policiales. La connivencia de la Policía Municipal, que jurídicamente depende del alcalde, era un secreto a voces.
Los acontecimientos se precipitaron en junio, cuando el crimen organizado dio un golpe sin precedentes. El 8, después de las doce del mediodía, Alejandro Domínguez Coello, conocido empresario de Nuevo Laredo, juró como director de Seguridad Pública. El día siguiente tenía previsto renunciar al cargo de presidente de la Cámara de Comercio. No le dio tiempo: siete horas después, cuando salía de su oficina, fue acribillado desde un vehículo en marcha. Hay diversas interpretaciones sobre el asesinato, desde quienes creen que es un mensaje del narcotráfico para demostrar que no aceptarán un jefe de la Policía Municipal que no sea de su agrado; otros recuerdan que en el pasado Domínguez Coello trabajó en la Fiscalía. Curiosamente, al funeral no asistió casi ningún representante del Ayuntamiento ni de la Policía Municipal.
"Era una persona muy conocida, como empresario y comerciante. Fue un accidente lamentable", dice José Guadalupe Valdés González, secretario del Gobierno municipal que, en ausencia del primer edil, actúa como alcalde en funciones. Tras el asesinato, el cargo estuvo vacante un mes, hasta que el 6 de julio fue nombrado Omar Pimentel, que perteneció a la Policía Federal de Caminos. "Desconozco por qué le mataron", asegura. "Se dicen muchas cosas, pero prefiero no profundizar. Es lamentable, porque a fin de cuentas era un ser humano, pero no me interesa saber por qué lo mataron. Sus motivos debieron tener".
Pimentel se desplaza con una escolta de ocho hombres "de absoluta confianza". El nuevo secretario de Seguridad afronta el desafío de llevar a cabo una reforma de la Policía Municipal, un cuerpo del que el subsecretario de Política Criminal del Gobierno federal, Rafael Ríos, ha dicho que "estaba infiltrado por el crimen organizado de manera significativa, por lo que tuvimos que romper este esquema de impunidad". EE UU ha ofrecido expertos en reorganización policial, según explica el cónsul en Nuevo Laredo, Michael Yoder.
Los 756 agentes están acuartelados, sin armas y bajo examen desde el grave incidente que se registró en junio, cuando un grupo de municipales se enfrentó a tiros con policías judiciales enviados desde Ciudad de México. El caso puso de relieve hasta qué punto el crimen organizado había penetrado en la policía local. Es una cuestión de dinero: un agente cobra 350 dólares mensuales (290 euros), una suma mejorable por el narcotráfico. Pimentel promete mejores salarios y agentes dignos de la confianza de los ciudadanos, aunque para ello sólo queden en activo 450 agentes. ¿Qué sucederá con los que sean dados de baja? "Haremos lo posible para que no se vayan enojados. Saben que fueron dados de baja por cometer faltas", dice el secretario de Seguridad.
Las autoridades municipales confían en los policías que vayan saliendo, cada cuatro meses, de la Academia de Policía. Jesús de la Cruz Reyes, de 24 años, recién graduado, está listo para actuar. En su opinión, "hace falta mucha organización con los compañeros y los superiores para que tengamos más capacitación y mejores equipos. Los delincuentes tienen armas de mucho poder".
Blanco fácil
Los policías municipales de Nuevo Laredo se han convertido en un blanco fácil. Cuatro de ellos han caído bajo las balas la semana pasada. Según las autoridades, se trata de ajustes de cuentas. La estadística mortífera no ha mejorado con la entrada en acción de la operación ordenada por el Gobierno federal bajo el nombre México Seguro. Efectivos policiales y militares patrullan en varias ciudades de los Estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California después de que el embajador de EE UU en México, la secretaria de Estado, funcionarios de la DEA y el sector empresarial mexicano reclamaran mayor firmeza y eficacia al Gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de la Confederación Nacional Turística, Enrique Álvarez Prieto, había dado la voz de alarma al declarar que la violencia en la frontera norte provocaría pérdidas por 1.760 millones de dólares en 2005.
En Nuevo Laredo, el operativo ha dado escasos resultados y ante la ausencia de la policía municipal, que conoce como nadie la ciudad, el delito común se ha disparado. El director de Seguridad Pública asegura que "el alcalde está muy, muy preocupado y comprometido en que la policía tenga una cara diferente y la gente tenga confianza en ella". Las tanquetas militares apostadas junto a los puentes sobre el río Bravo, los controles de la policía judicial y de la policía preventiva, y el helicóptero que sobrevuela la ciudad no han aportado mayor tranquilidad a la población.
La violencia ha provocado una caída drástica del turismo y de los visitantes desde Estados Unidos, con el consiguiente coste económico. La vida nocturna ha perdido el bullicio. En el centro, los bares y discotecas están vacíos, las prostitutas deambulan aburridas sin expectativas de encontrar clientes, y muchos locales están cerrados porque no han podido resistir la crisis. "Todos los negocios hemos sido golpeados, menos las funerarias", dice un empresario que prefiere no dar su nombre. Sin embargo, el secretario de Gobierno del Ayuntamiento asegura que llegan inversiones y que "lo que ocurre aquí es parte de la problemática de una ciudad que está en crecimiento".
El riesgo de ser periodista
Amador del Ángel Herrera es un reportero del Canal 2 de televisión en Nuevo Laredo. Ha perdido la cuenta de los crímenes de los que ha informado. "Todos los días es lo mismo", dice, sobre todo cuando hay ciertas limitaciones en el lenguaje. Amador tiene instrucciones de sus jefes de no utilizar términos como narco, sicario, gatillero... Explica que se han celebrado reuniones de autoridades políticas y empresariales con responsables de los medios de comunicación "para bajar el tono de las informaciones".
"Cuando doy cuenta de un asesinato hablo de victimado o de muerte violenta. No de crímenes ni de disputa de territorios. Doy el hecho y nada más. No me meto en problemas".
Varios periodistas locales consultados coinciden en señalar que en Nuevo Laredo nadie hace investigación periodística. Es peligroso. Raymundo Ramos, reportero del diario El Mañana, dice que desde hace dos años el trabajo de periodista "es muy arriesgado" porque la violencia "ha trastornado nuestra vida, la de nuestras familias y la de los compañeros de trabajo". Recuerda que tras el asesinato de Roberto Mora, director de El Mañana, el 19 de marzo de 2004, y de Guadalupe García Escamilla, reportera de radio, el 5 abril, los periodistas tienen clara una cosa: "Estamos amenazados por narcotraficantes. También vemos que los policías y las autoridades estatales y federales no están interesados en protegernos ni en detener a quienes han cometido los homicidios".
En la redacción de su diario han acordado que toda información sobre delincuencia organizada y bandas de narcotraficantes debe citar una fuente para que sea publicada, y alude a los casos de Roberto Mora y de Guadalupe García, que "mencionaban constantemente a narcos por su nombre". "Tenemos que ser muy mesurados a la hora de escribir de narcotráfico", añade. Cuando es muy alto el riesgo no firma el artículo, simplemente se pone redacción o agencias.
Ramos asegura que si tiene acceso a "una información muy fuerte", es posible que el director o el dueño del periódico se nieguen a publicarla. "Hay autocensura. Si sabes que ninguna autoridad te va a proteger aunque esté en riesgo tu vida, no corres riesgos, y el director de tu periódico, menos todavía".
