Agricultura y las comunidades retrasan las ayudas por la sequía y la subida del gasóleo

Unos por otros, la casa sin barrer. Más de ocho meses después de que se suscribiera el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, las cooperativas agrarias y el sindicato UPA, todavía no se ha procedido al pago de las ayudas para compensar la subida de los precios del gasóleo. Tampoco los pagos por la sequía. Aunque el Gobierno procedió con urgencia para la aprobación de un real decreto y su convalidación hace un mes en el Parlamento, siguen sin regularse los pagos. Las ayudas para llevar agua al sector ganadero extensivo corren el peligro de llegar para otoño, en tiempo de lluvias.

Agricultura, comunidades autónomas y organizaciones agrarias acordaron los baremos de créditos por hectárea y por cabeza de ganado afectada por la sequía. Sin embargo, al no haberse negociado las respectivas órdenes ministeriales sobre política de créditos para las ayudas por la sequía, éstas aún no han empezado a distribuirse.

En medios de las organizaciones agrarias se critica la excesiva lentitud de la Administración para cumplir con sus compromisos en el sector agrario. Por el contrario, desde el Ministerio de Agricultura se justifica la situación actual de retrasos por la tardanza de las comunidades autómas para enviar en su momento los datos sobre las peticiones de ayuda por el gasóleo, y en este momento, para facilitar las zonas dañadas por la sequía.

Para el sindicato agrario UPA (Unión de Pequeños Agricultores), aunque se trate de situaciones reales, la Administración central tiene mecanismos para que las autonomías cumplan esos compromisos y se considera que los retrasos vienen siempre bien a un mal pagador.

Peticiones hasta mayo

En el caso del gasóleo, el proceso para la elaboración de los listados de peticiones se alargó hasta el mes de mayo ante los retrasos en el envío de los mismos por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno aprobó hace un mes un crédito de 58 millones de euros para pagar una ayuda de seis céntimos de euro por litro consumido por agricultor o ganadero afiliado al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, por trabajador por cuenta propia o por autónomo. Se han cursado 135.000 peticiones individuales y poco más de un millar de cooperativas.

La sorpresa en esta medida es que el consumo medio de los peticionarios es sólo de poco más de 7.000 litros, lo que equivale a una ayuda media de 424 euros. El sector señala que eso demuestra el uso de una gran parte del gasóleo agrícola para otras actividades ajenas a ese sector, por lo que se reclama un gasóleo profesional subvencionado.

Ante la situación de sequía, el sector acusa igualmente a la Administración de actuar con retraso ante un problema que afecta desde otoño a la cabaña ganadera extensiva, y ahora, a todo el sector agrario, sin que se hayan adoptado medidas acordes con las dificultades del campo. El sector calcula que los daños ocasionados se sitúan entre 2.000 y 2.500 millones de euros.

Al igual que en el gasóleo, desde la Administración central se estima que tiene las manos atadas mientras el conjunto de las comunidades autónomas no aporten sus datos sobre las zonas afectadas para la aplicación de las ayudas.

Frente a esta justificación, en medios del sector se estima que Agricultura está actuando con una lentitud no justificable con la dimensión del problema y que en las últimas semanas se podían haber desarrollado los trabajos sobre las órdenes ministeriales para ejecutar las medidas de ayuda. A este ritmo, el sector teme que las ayudas para compensar los efectos de la sequía comiencen a llegar en otoño, en plena temporada de lluvias.

El Gobierno aprobó a principios de este mes un paquete de ayudas para paliar las consecuencias que la sequía provoca a agricultores y ganaderos. De los 200 millones de euros previstos para estas iniciativas, la mitad la aporta la Administración central, y el resto, las comunidades.

La normativa se aplica a las superficies de secano donde los daños hayan superado el 20% sobre la cosecha normal en zonas desfavorecidas; para el resto de las zonas se exige un 30%, y en zona de regadío es necesario que el suministro de agua se haya reducido un 20%.

Las principales medidas consisten en créditos blandos, aplazamiento de un año en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, asignación de cinco millones de euros para el suministro de agua a las explotaciones ganaderas, rebaja de los módulos para calcular el IRPF, entre otras medidas.