Manifestación por el centro de Barcelona a favor del pueblo saharaui

Unas 2.000 personas se manifestaron ayer a mediodía por el centro de Barcelona para protestar contra la represión que ejerce el régimen marroquí sobre la población saharaui y para reclamar al Gobierno español que rectifique y tome postura a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, colonia española hasta 1975.

La manifestación, que había sido convocada por la Asociación Catalana de Amigos del Pueblo Saharaui, reunió en su cabecera a dirigentes de todos los partidos catalanes excepto el PSC, además de al director de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) de la Generalitat, el republicano David Minoves.

En la pancarta que encabezaba la manifestación se podía leer: "Basta de represión. Libertad para el pueblo saharaui". La pancarta era sostenida por dirigentes políticos como el líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira; el diputado de Iniciativa Joan Herrera; el secretario general del PP en Cataluña, Rafael Luna; el diputado de CiU Albert Batalla, y el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles.

También estaban presentes en primera fila los responsables de la asociación convocante del acto, la diputada de ERC Pilar Dellunde y el diputado del PPC Rafael López, ambos miembros del Intergrupo Paz en el Sáhara del Parlament, el diputado de CiU en el Congreso Carles Campuzano y representantes del sindicato CC OO.

La marcha se inició en la confluencia de la Ronda de Sant Pere con el paseo de Gràcia y finalizó en la plaza de Palau, donde se leyó un manifiesto delante de la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. El manifiesto denunciaba "los graves acontecimientos que tienen como escenario los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la represión brutal e indiscriminada contra la población civil indefensa, que sólo reivindica, en manifestaciones pacíficas, el derecho a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos".

El manifiesto continuaba señalando que "los ciudadanos saharauis son intimidados, amenazados, detenidos y violentamente torturados", para posteriormente ser "juzgados en juicios sumarísimos sin ningún tipo de garantía legal y condenados a penas elevadísimas, de 15 y 20 años".

Por todo ello, el manifiesto instaba a toda la comunidad internaciona -"y sobre todo, al Gobierno español"- a lanzar un mensaje de condena de la represión "de las fuerzas de ocupación marroquíes". Además, el documento exigía la apertura del territorio a los políticos, civiles y ONG. Últimamente el régimen marroquí ha prohibido o impedido varias visitas de delegaciones de diputados y cargos electos españoles. Un grupo de diputados del Parlament, en un viaje no oficial que no contaba con el apoyo del PSC, también se quedó sin poder salir del avión en el aeropuerto de El Aaiún.