Más tecnologías y menos protección

España tendrá que aplicarse si pretende hacer de su economía un espacio más dinámico y competitivo, acorde con la estrategia de la Unión Europea para 2010. Más inversión en investigación y desarrollo (I+D), relaciones laborales más flexibles y lucha contra la inflación son algunas de las recetas que proponen las grandes empresas de la Europa mediterránea, aglutinadas en el Consejo de Cooperación Económica.

Todos los países comunitarios presentarán antes del 15 de octubre una reformulación de la Agenda de Lisboa, el compromiso adoptado hace cinco años de convertir a Europa en el área más competitiva del mundo en 2010. Sobrepasado el ecuador, los países comunitarios están lejos de los objetivos trazados (entre ellos, elevar al 70% el nivel de empleo e invertir el 3% del PIB en investigación).

"En España existe capacidad tecnológica; sólo deben darse las oportunidades"

Los expertos definen la vivienda como un sector crucial que necesita enfriarse

El Gobierno español ha puesto ya los cimientos para elaborar ese informe y los colectivos interesados en dinamizar la economía empiezan a aportar sus ideas. El Consejo de Cooperación Económica, que representa a más de cien grandes empresas de España, Francia, Portugal e Italia, ha enviado un documento al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, con un diagnóstico sobre la situación española acompañado de propuestas de mejora. "La opinión pública debería ser más abierta a las reformas", subraya Andrea Canino, presidente de este organismo, que espera reunirse en los próximos días con Zapatero para exponerle su visión sobre la economía española. Éstas son las principales propuestas contenidas en el informe.

- Incentivos fiscales a I+D. La brecha tecnológica que separa a España de territorios como Japón, Estados Unidos y algunos países comunitarios es excesiva. Para acortar esa distancia, el Consejo de Cooperación Económica fija como meta una inversión mínima en I+D equivalente al 1,5% del producto interior bruto (PIB). De momento, la partida no alcanza ni el 1%, según los datos de 2003 aportados en este documento, aunque la información de Bruselas eleva esta cifra al 1,05%.

Al ser la iniciativa privada la más reticente a este tipo de inversión, las grandes empresas proponen medidas fiscales como el llamado crédito de impuesto en investigación. Se trata de establecer una reducción fiscal para las empresas que gasten en investigación en cualquier país comunitario. El consejo también anima a fomentar el capital riesgo, muy poco desarrollado en España. Como ejemplo de buenas prácticas, Andrea Canino cita un proyecto de La Caixa, denominado Emprendedor XXI, que pone en contacto a empresarios jubilados con jóvenes creadores de empresas. Los veteranos aportan su conocimiento a cambio de modestas participaciones en el negocio. Para las pequeñas y medianas empresas, el presidente del consejo propone que se asocien para invertir en I+D.

- Impulso a las tecnologías. El informe analiza el sector tecnológico como uno de los que más competitividad genera. El Consejo de Cooperación Económica parte de un convencimiento: "Las empresas tecnológicas españolas son de las más eficientes a nivel mundial. En España existe capacidad tecnológica; sólo deben dársele oportunidades". Las grandes compañías sugieren que este esfuerzo tecnológico se centre en las pequeñas y medianas, más retrasadas en este aspecto, y recomiendan mayores esfuerzos en turismo y construcción, poco tecnologizados pese a ser los sectores más dinámicos de la economía. También piden extender a todos los procesos burocráticos el concepto de e-Administración (posibilidad de realizar los trámites de forma electrónica).

- Más flexibilidad laboral. El informe realiza todo un alegato a favor de la flexibilidad en el mercado de trabajo. Además de pedir más facilidades para crear empresas, el Consejo de Cooperación Económica percibe un problema de "segmentación" en el mercado, donde coexisten trabajadores protegidos por indemnizaciones por despido "muy elevadas" (45 días por año trabajado) y un gran número de temporales (un tercio del total) con poca estabilidad. "Las condiciones de entrada y salida del mercado laboral deben ser más flexibles", sentencia Canino.

Esa dicotomía actúa en detrimento de la productividad y de la competitividad. Las grandes empresas se oponen a que en este y en otros debates el Ejecutivo supedite la toma de decisiones al acuerdo con empresarios y sindicatos. "El Gobierno debería tener una actitud mucho más proactiva: dar un margen de negociación y, pasado ese plazo, tomar las decisiones". Frente a lo que consideran rigideces en contratación y despido, aceptan los horarios de trabajo existentes. "La duración del trabajo no es un problema en España", reflexiona Yves Bertoncini, director de estudios del Consejo de Cooperación Económica.

- Mujeres e inmigrantes. Gran parte de las medidas para aumentar el nivel de empleo deben radicar en una mayor presencia de la mujer en el mercado laboral. Respecto a la inmigración, el informe celebra la entrada de extranjeros como un elemento de flexibilidad.

- Lucha contra la inflación. El texto destaca la inflación como uno de los elementos que más merma la competitividad. Para reducir el diferencial con Europa, el consejo propone actuar en dos frentes: la vivienda, "un sector crucial que necesita enfriarse", y la negociación colectiva. En el primer caso, el diagnóstico coincide con el del Gobierno: hay que fomentar el alquiler. Para ello proponen, entre otras medidas, eliminar las deducciones por compra de vivienda, mejorar la situación jurídica de inquilinos y propietarios y reducir la duración mínima de los contratos de arrendamiento (cinco años). Respecto a la negociación salarial, son partidarios de desligar las subidas de la inflación.

- Gasto en educación. Si se quiere aumentar la formación del capital humano, "el Gobierno tiene que gastar mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora" en educación. La buena salud de las cuentas públicas españolas permite, además, ese aumento de la inversión.