Pacto de ciudadanía

"Hay que construir país, convivencia en paz y libertad, respeto por el pluralismo social y cultural. Construir convivencia, un país para todos, en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten categorías políticas, porque todos pueden expresar los suyos con libertad. Un país en el que la única categoría política que confiere derechos y obligaciones sea la ciudadanía, que no distingue ni discrimina a nadie por razón de sexo, raza, religión, opiniones políticas, identidades nacionales o culturales, ni sentimientos". Este es el contenido de una intervención de Fernando Buesa ante las Juntas Generales de Álava en julio de 1999, muy importantes para entender tanto el carácter político de las víctimas, como la necesidad de un pacto cívico y sus contenidos en el actual momento político.

Observamos con preocupación que se vuelve a mezclar pacificación y normalización política

La política vasca se asemeja a la concepción griega del tiempo cíclico, del eterno retorno, dada su incapacidad para abordar los problemas de convivencia política con criterios estrictamente democráticos. Hay escasez de políticas de sociedad, de ciudadanía, de unidad democrática, e inflación de políticas de partido. El "patriotismo de partido" del que nos habla S. Haffner es preeminente y dominante en la vida política vasca Todo esto produce cansancio, fatiga y desistimiento cívico, aunque después de las últimas elecciones cada vez en menor medida.

Parece que es difícil aceptar e institucionalizar que nuestros derechos políticos y sociales proceden únicamente de que somos ciudadanos libres e iguales, y no por nuestras diferentes identidades. El ser nacionalistas o no nunca puede convertirse en categoría política, tal como lo pretende el nacionalismo étnico o el nacionalismo esencialista o el nacional populismo vasco. Hay que rechazar por higiene cívica el intento de sustituir la idea de sociedad de ciudadanos por la de un pueblo definido por esencias identitiarias o destinos históricos, que trata de nacionalizar la sociedad vasca ocultando o anulando su pluralismo estructural e irreductible e impidiendo así el libre ejercicio de la ciudadanía. Mario Onaindia, con agudeza e ingenio, acuñó el término "leninismo nacionalista" para describir esta realidad: "Si trabajador era el que tenia conciencia de clase, vasco es el que tiene conciencia nacional". La ciudadanía plural es un déficit de conciencia nacional, un mal a corregir. Esta es la misión del Partido-Comunidad: configurar la comunidad nacionalista con vocación hegemónica, ideológica y política.

Hasta la fecha, ésta ha sido la clave de la política nacionalista. Lo importante es la construcción nacional, que no es otra cosa que construir su nación. En su lenguaje la palabra es "pueblo", escasamente "nación" y casi nunca "sociedad". La acumulación de fuerzas mediante la unidad nacionalista para imponer su proyecto al conjunto ha sido y es la estrategia prevalente. Lo preocupante es que la soberanía y el soberanismo producen una negación de derechos cívicos, tanto de libertad como de igualdad. Las políticas nacionalistas hasta la fecha han demostrado que son una máquina de desigualdad. Se apropian del poder institucional (sólo con un lehendakari nacionalista es posible Euskadi) y debilitan la igualdad de oportunidades en el derecho tan importante de la persona como es el trabajo.

Es útil en el actual momento recuperar algunos de los contenidos del "pacto ciudadano" suscrito entre la iniciativa ciudadana vasca Aldaketa y el PSE el 9 de marzo de 2005. Un pacto de ideas, de convergencia de propuestas cívicas, de hondo calado político, y esperamos que de productiva contribución al avance de un cambio de cultura política. Es la primera vez que en Euskadi se produce un pacto entre un partido político y una asociación cívica. Se trata de hacer realidad lo que Habermas denomina "democracia deliberativa". La democracia "decisionista", protagonizada por los partidos, se complementa con el libre ejercicio de actividad política de organizaciones de la sociedad civil, que intervienen en el proceso de creación de opinión pública, con el fin de fortalecer la cultura cívica y política, en un horizonte estratégico compartido de cambio de la cultura política.

Entrando en los contenidos, es el principio de ciudadanía el que define a Euskadi como sujeto político, como comunidad política de ciudadanos, independientemente de sus identidades o sentimientos de pertenencia. Esto hace necesaria e imprescindible la transversalidad en la definición política de la sociedad y se opone radicalmente al paradigma homogeneizador y excluyente nacionalista de definirla desde un único sentimiento de pertenencia.

En esta misma línea, la verdad objetiva de las víctimas, su reconocimiento político -ya que fueron asesinadas en nombre de un nacionalismo totalitario, que combatía y quería destruir un sistema basado en un pacto ciudadano-, se convierte en un objetivo central de dicho pacto. Hoy, más que nunca, hay que volver a decir que la pacificación no es otra cosa que la desaparición de ETA, y la normalización, sencillamente, la consecución de la paz. La refundación de nuestro pacto estatutario y la posible reforma del Estatuto culmina la derrota política e ideológica de la causa de los asesinos, y de los que permanentemente lo vienen deslegitimando. Y es precisamente la luz de alerta que muchos ciudadanos vascos queremos encender ya que observamos con preocupación que se vuelve a mezclar pacificación y normalización política; paz a cambio de concesiones políticas. Se puede volver a lizarrizar tanto la vida parlamentaria como toda la actividad política.

Por eso frente a pacificación y normalización política, es útil hablar de "pacto ciudadano en Euskadi" que contemple tanto la adecuación de nuestro autogobierno y la posible refundación pactada de nuestro Estatuto, de la libertad efectiva de los ciudadanos vascos y el fin de ETA. Este es el auténtico conflicto, y no otro. Se trata de sentido común cívico. Como dice J. M. Reverte, "la ciudadanía no es un estado de naturaleza, sino un proceso de construcción de la dignidad humana".

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco y miembro de Aldaketa.