La tragedia de Londres reactiva el control de llamadas, 'sms' y correos electrónicos

El atentado suicida de Londres del 7 de julio ha reactivado el plan de la Unión Europea (UE) para controlar el tráfico de las comunicaciones telefónicas y electrónicas. Se trata de la directiva de retención de datos, que lleva bloqueada un año, según la cual las operadoras de telefonía, fija y móvil, y los provedores de acceso a Internet (ISP) estarán obligados a almacenar los datos de tránsito de sus clientes. La medida, que se aprobará en octubre, no afecta a los contenidos, sino a la identidad de los abonados y a la fecha y duración de sus comunicaciones. Lo que no está claro es el tiempo durante el cual se retendrán esos datos -la horquilla va de seis meses a tres años- ni si deberán guardar el lugar desde el que se realiza. Actualmente, proveedores y telefónicas guardan la información un periodo de tiempo, a efectos de facturación, y la destruyen para no saturar sus bases de datos.

El Parlamento europeo ha manifestado con anterioridad reticencias al proyecto. José Antonio Alonso, ministro de Interior español, aclaró: "El uso se hará siempre bajo mandato judicial".

Los grupos defensores de la privacidad, como Privacy International, Epic o Electronic Free Frontiers, manifiestan sus reservas: "En momentos de crisis, llamamos respetuosamente a la contención. La propuesta viola el derecho a la intimidad y pone en peligro la libertad de expresión. La línea que separa la investigación de criminales y la vigilancia masiva de los ciudadanos debería permanecer infranqueable. Es la base de nuestra democracia. Sin pruebas convincentes de sus beneficios, sin un análisis de los costes para la industria y los consumidores y sin la legitimación del Parlamento Europeo, los Estados no deberían aprobar la normativa".

ETNO, la organización de las grandes operadoras, ha señalado con inquietud que el proyecto "no sólo guarda silencio sobre los costes aparejados, sino que tampoco menciona ningún mecanismo de reembolso".

Otros grupos defensores de la intimidad -por ejemplo, State Watch- plantean sus dudas acerca de "la efectividad del sistema para detectar con antelación a los terroristas". La cantidad de datos que almacenar es ingente. Sólo en 2003, los españoles hablaron por teléfono durante 2,33 millones de horas y enviaron 11.740 millones de mensajes cortos de texto (SMS), según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Datos a los que habría que añadir los de otros países europeos además del tráfico de Internet.

Carnivore, la red espía del FBI, ya controlaba las comunicaciones de la Red cuando Nueva York fue atacada en 2001, pero de poco sirvió. Tras el 11-S, Carnivore dejó de ser secreto y el FBI exigió abiertamente a los grandes proveedores estadounidenses que lo instalasen en sus servidores. Fue el preámbulo de la Patriot Act, que entre muchas otras cosas autoriza la instalación del programa espía por parte de la policía sin necesidad de orden judicial. Al final, el FBI retiró el controvertido sistema. La propuesta europea es distinta y no afecta a la monitorización de los contenidos. Muchos juristas aplazan su opinión sobre el sistema europeo hasta conocer el protocolo que lo implante.

Tragedias como las del 11-M en Madrid ponen en evidencia otros problemas. A pesar de que se disponía de conversaciones de islamistas sospechosos, éstas fueron destruidas: se carecía de intérpretes de árabe para que los expertos analizaran su peligrosidad. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Sólo en la India, más de 800.

UE: www.europa.eu.int PI: www.privacyinternational.org STATE WATCH: www.sttwwatch.org EPIC: www.epic.org EFF: www.eff.org ETNO: www.etno.be