Una simple fotocopia sirvió para el intento de estafa de Ciempozuelos

El supuesto intento de macroestafa de 152 solares del municipio de Ciempozuelos comienza a desenredarse. La fotocopia de un papel escrito a máquina y que supuestamente data de la Guerra Civil es el documento originario en el que se basaron los denunciados para ir a dos notarios y que éstos les escriturasen 152 fincas. El juez ya ha tomado declaración como imputados a los cuatro denunciados y a Ángel G. C., de 70 años, un vecino de Ciempozuelos que ha confesado ser el dueño originario de 200 fincas; entre ellas las 152 en litigio.

Ángel G. C. es la persona que vendió estas fincas a los dueños de la maraña de sociedades que ahora, una vez hechas las escrituras, pretenden inscribirlas -de momento, sin éxito- en el Registro de la Propiedad de Valdemoro. El registrador se ha negado a inscribirlas porque entiende que no está claro que la compraventa de esas fincas se ajuste a la ley.

En Ciempozuelos, quienes dicen ser los auténticos dueños de las 152 fincas han alzado sus voces y han llevado el asunto al juez. Aseguran que todo es una treta legal de estas empresas para arrebatarles sus parcelas, de las que dicen poseer sus escrituras.

Las fincas suman un millón de metros cuadrados de suelo, con un valor de mercado actual (dado que muchas parcelas se van a beneficiar el nuevo planeamiento urbanístico) superior a los 30 millones de euros, según calculan los afectados. El supuesto intento de estafa afecta a 92 personas y a 152 parcelas; entre ellas, tres del Ayuntamiento de Ciempozuelos, cuatro de la Comunidad de Madrid e igual número del arzobispado.

El supuesto dueño originario de las parcelas, Ángel G. C., fue interrogado el pasado lunes por el juez, por el fiscal, Emilio Valerio, y por los abogados de las supuestas víctimas de este intento de macro estafa. A Ángel le pidieron que justificase que él era el dueño de esas fincas. Según asistentes al interrogatorio, el único título que exhibió fue "la fotocopia de un papel" en el que se describen unas 200 fincas que supuestamente le fueron adjudicadas a su padre por sus méritos de lucha en el frente republicano durante la Guerra Civil.

En ese papel, que es una fotocopia ("el original no existe"), consta una relación de 200 fincas. Ángel G. C. admite que vendió 152 de ellas a las sociedades cuyos dueños figuran como denunciados. Se trata de Eva N. B., administradora única de la sociedad limitada Proyectos Wiener, SIPI-Sire y Morgazo, SL; Luis M. T., administrador único de Proyectos Shadow To Do, SL; Ángel P. V., de Promociones Snaring, SL, y Ángel P. L., de Mad City, SL, y Silo 04, SL. Todas estas sociedades tienen un mismo domicilio, en el número 210 del paseo de la Castellana. Por esas 152 fincas, los denunciados pagaron en total 1.200.000 euros. Pero esa cantidad, aunque consta como abonada en las escrituras, no ha sido satisfecha aún, según admiten los implicados.

"Bando republicano"

Las acusaciones le preguntaron por qué no había escriturado antes las fincas. Ángel señaló que "por miedo" a que se supiese la labor de su padre en el bando republicano. También le preguntaron por qué no lo había hecho durante los 30 años de democracia. Contestó que no tenía prisa y que no había surgido el hacerlo.

De los interrogatorios y de la investigación se desprende que las 152 fincas fueron adquiridas por las citadas sociedades y que, casi simultáneamente, en apenas 48 horas, se las vendieron y compraron entre ellas. Se hicieron al menos cuatro transmisiones o compraventas de cada finca. ¿Con que finalidad? Al tratarse de fincas sin título y no registradas, la ley obliga a que se acrediten al menos dos operaciones de compraventa sobre ellas para poder escriturarlas sobre la marcha y sin tener que poner un edicto durante un año en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término estén enclavadas. Según asistentes al interrogatorio de los denunciados, las operaciones se hicieron el mismo día, y en ellas se ve como el precio de la transmisión aumenta considerablemente en la última compraventa respecto a la primera.

A Ángel P. (cabeza visible de las sociedades que adquirieron las fincas) se le preguntó por qué que la simple fotocopia de un papel escrito a máquina le sirvió para comprar las 152 parcelas. Señaló, siempre según estas fuentes, que se fiaba del vendedor y de la valía del documento.

Fuentes de la investigación aseguran que el papel de los notarios en estas operaciones resulta muy extraño. Esta fuentes se pregunta: "¿Cómo es posible que un notario otorgue validez a un papel así, y que ni siquiera se preocupe por ver a nombre de quién figuraban esas fincas en el Catastro".

Los citados medios sostienen que los notarios deben ser citados por el juez para que aclaren estos extremos. Además, opinan que existe un intento claro de estafa. Lo creen, entre otras cosas, porque los denunciados han admitido que el objetivo de las distintas transmisiones de fincas que se hacían en un mismo día era que el Registro de la Propiedad de Valdemoro no pusiera pegas y las registrase. Una vez registradas, legalmente poco se puede hacer contra el tercero de buena fe que compra una finca.

No obstante, el registrador de Valdemoro sí puso pegas. De hecho, se ha negó a inscribirlas, si bien los denunciados han recurrido esta negativa ante la Dirección General del Registro y el Notariado. De todas formas, el juez instructor ha ordenado bloquear cualquier cambio de titularidad que afecte a estas fincas mientras se desarrolle la investigación judicial. Hasta la propia Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía ha considerado "sospechosas" estas operaciones.