Yagüe desoye a la Junta y saca a exposición pública el PGOU con el apoyo del PP

El equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe acordó ayer sacar a exposición pública hasta el 30 de septiembre próximo el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en contra de la postura de la Junta de Andalucía, que exige que el pleno apruebe inicialmente el documento antes de abrir el periodo de alegaciones. Yagüe logró el respaldo a su tesis del Partido Popular (PP) y de la amalgama de grupos mixtos que antes constituían el Grupo Independiente Liberal (GIL) y sólo el PSOE votó en contra. La consejera de Obras Públicas tachó de "pantomima" la decisión municipal.

Yagüe, quien pretende introducir modificaciones sustanciales en el texto antes de su aprobación por el pleno, adujo seis motivos por los que el Ayuntamiento no va a aprobar de momento el avance del PGOU que cuenta con el respaldo de la Administración autonómica: "Por la no participación del Ayuntamiento; la no participación social, las deficiencias técnicas encontradas, la difícil viabilidad económica, las contradicciones con el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental y el incumplimiento por parte de la Junta del espíritu del convenio firmado el 15 de enero de 2004 entre ambas administraciones".

La alcaldesa insistió en que el Ayuntamiento no ha participado "en absoluto" en la redacción del texto elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, y que el documento contiene "graves deficiencias y errores que deben ser subsanados antes de su aprobación por el pleno". El documento fue antes de su entrega conocido y avalado por un técnico municipal y otro de la Consejería de Obras Públicas. A modo de justificación, Yagüe explicó que algunos suelos destinados a equipamientos en el PGOU de 1986 han pasado a residenciales y viceversa y que estos cambios podrían provocar "indemnizaciones difíciles de cuantificar".

Pero también se quejó del alto índice de suelos dotacionales que contempla el texto. "Es un plan utópico de imposible o nula aplicación", subrayó la regidora, quien insistió en los "graves perjuicios económicos" que la medida puede acarrear. En cuanto al convenio entre Junta y Ayuntamiento, Yagüe sostuvo que el Gobierno andaluz no ha cumplido el acuerdo.

El concejal del PSOE Silvestre Puertas aseguró, sin embargo, que es el Ayuntamiento el que ha incumplido "de manera fragante" el convenio. Puertas calificó de "patética" la lectura del documento realizada por Yagüe, y advirtió de que ello puede acarrearle la retirada de las competencias urbanísticas. "No me voy a someter a lo que por fuerza me quiere imponer la Junta de Andalucía", replicó Yagüe, quien reiteró que las deficiencias "se deben corregir ahora".

La alcaldesa sí logró el apoyo a su postura del PP. Un respaldo que su portavoz, Ángeles Muñoz, justificó por la necesidad de que todos los colectivos del municipio participen en la elaboración del PGOU. "Hay muchos errores que se deben subsanar. Creo que el plan necesita la participación de todos y comparto que se haga una exposición pública", dijo Muñoz, quien volvió a acusar a la Junta de dejación de funciones en la política urbanística del GIL y pidió a Yagüe un compromiso en cuanto a los plazos para evitar que se dilate el proceso.

El avance del PGOU estará expuesto al público hasta el 30 de septiembre, a fin de que los colectivos del municipio presenten "sugerencias", que no alegaciones, al documento -éstas sólo se pueden presentar formalmente cuando el documento esté aprobado inicialmente por el pleno-. Posteriormente, las aportaciones serán debatidas por las distintas mesas de participación. El Ayuntamiento se reserva también realizar sugerencias y alegaciones que se remitirán al equipo redactor. La alcaldesa hizo ayer evidente su discrepancia de fondo con los contenidos del documento y sus diferencias con la Junta no son sólo por el mero formalismo de aprobar o no el texto antes de someterlo a información pública.

Este periodo de sugerencias que ahora se abre retrasará considerablemente sin duda la aprobación del texto, que regresará al pleno para su aprobación inicial y saldrá nuevamente a exposición pública. Fuentes del equipo de gobierno han reconocido que ello será imposible en este año.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, tachó de "pantomima y riesgo" la decisión municipal y acusó al Ayuntamiento de estar "instalado en la ilegalidad y en la confirmación de las ilegalidades" cometidas durante el mandato de Jesús Gil. Recordó también que de los más de 400 expedientes abiertos por irregularidades urbanísticas, más de cien corresponden a la etapa de Yagüe.