El órgano consultivo de la Xunta advierte a Fraga de que tiene "potestades limitadas"

El Consello Consultivo de Galicia -una especie de Consejo de Estado autonómico- advirtió ayer al Gobierno de Manuel Fraga de que, al encontrarse en funciones, tiene "limitado el ejercicio de sus potestades" y está obligado a "acreditar la urgencia" de sus decisiones. Ése es uno de los argumentos que esgrime el órgano consultivo para declarar "contrario al ordenamiento jurídico" un proyecto del Gabinete que pretende consolidar el rango administrativo de más de un millar de funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad por designación directa de sus superiores políticos.

Fraga había pedido la opinión al Consello Consultivo sobre un proyecto de decreto elaborado por el Gobierno en funciones para permitir que los funcionarios con puestos de libre designación conserven su rango y una parte de sus ingresos con el próximo Ejecutivo que formarán PSdeG y BNG. La Xunta elaboró el proyecto después de que algunos de los interesados dirigiesen un escrito a Fraga para pedirle que "no deje abandonados a quienes le han servido fielmente durante 15 años".

El órgano consultivo declara que el proyecto desborda las facultades de un Gabinete en funciones. Recuerda que, según la ley, los Ejecutivos en esa situación deben limitarse al "despacho ordinario de los asuntos públicos" y que sus medidas no pueden justificarse con la "simple invocación de la urgencia o el interés general" sino que esas circunstancias "deben ser adecuadamente concretadas". El Consello rechaza también el contenido del proyecto, "un reglamento a medida" que puede discriminar a los funcionarios por "criterios de afección personal o política".

El Gobierno en funciones, que se reunió ayer, había decidido aplazar la aprobación del reglamento a la espera del informe del órgano consultivo, divulgado pocas horas después. En su reunión, el Ejecutivo interino aprobó un gasto de 118 millones de euros para una planta de secado térmico de lodos cuyo emplazamiento aún no se ha decidido. La víspera, una empresa de la Xunta, Augas de Galicia, había adjudicado un contrato de casi 46 millones para gestionar en los próximos 15 años la depuradora de aguas de Pontevedra. Desde las elecciones del pasado 19 de junio, el Diario Oficial de Galicia ha publicado concesiones y licitaciones de otros contratos por un valor de casi 100 millones.

La Xunta está recurriendo al trámite de urgencia para licitar toda clase de servicios, desde estudios técnicos hasta inversiones turísticas. Por ese procedimiento, la Consejería de Cultura sacó el pasado miércoles a concurso las "obras para la puesta en valor del lugar de San Andrés de Teixido" (un famoso santuario en el norte de A Coruña), presupuestadas en 701.868 euros, y la "recuperación de rutas y miradores de la Ribeira Sacra" del río Miño, por un valor de 1.233.386 euros. En los últimos días, ese departamento también se acogió a la vía urgente para licitar la compra de cocinas destinadas a dos edificios de su propiedad (255.000 euros en total) y un estudio técnico de "seguimiento, control y soporte de las actuaciones llevadas a cabo en la red de aulas multimedia de Galicia" (204.000 euros).

Medio Ambiente acaba de sacar a concurso, por el mismo procedimiento, un informe para estudiar el diseño y la puesta en marcha de un centro de información ambiental, con un presupuesto de 450.000 euros. Augas de Galicia ha licitado contratos de asistencia técnica para investigar "zonas inundables", analizar los "usos económicos del agua" o recibir apoyo "informático para el desarrollo de tareas técnicas y complementarias de la clave AT/147", por un total de más de 1.200.000 euros. La empresa pública ha adjudicado además cuatro contratos de "consultoría y asistencia para apoyo a la subdirección general de programación y proyectos" que suman 650.000 euros.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha tramitado por vía de urgencia encargos de análisis técnicos por 433.000 euros: uno sobre el "desarrollo de una aplicación para consulta de datos administrativos de los profesionales en la Intranet", otro para evaluar el "sistema de gestión de vinculaciones temporales" y un tercero dedicado al "sistema de gestión de expedientes de contratación administrativa". En Agricultura, se han licitado por procedimiento urgente cuatro contratos que suman 800.000 euros para la "preparación del levantamiento fotogramétrico" de concentraciones parcelarias.

Fraga insistió ayer en que las actuaciones de su Gobierno son legales y afirmó que el futuro presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño, no está capacitado para darle "lecciones de ética".