Duras condenas de cárcel para 12 manifestantes saharauis
El tribunal marroquí de El Aaiún dicta penas de entre dos y ocho años de prisión
El tribunal marroquí de apelación de El Aaiún condenó ayer a 12 jóvenes saharauis que se manifestaron a finales de mayo en favor de la independencia del Sáhara a penas de entre 2 y 8 años de cárcel, mientras que otros tres fueron absueltos. Otro saharaui no fue juzgado porque está ingresado en un hospital de Marraquech.
Los jóvenes fueron condenados por "constitución de banda criminal y "participación en concentración armada", cargos que negaron todos ellos. La acusación se basó exclusivamente en los informes policiales, según explicó Bazide Lahmad, uno de los cuatro abogados de la defensa.
Cuando empezó la vista oral varios de los acusados corearon eslóganes a favor de la independencia del Sáhara y del Frente Polisario al tiempo que gritaban que no reconocían a un tribunal marroquí. "La sentencia fue proporcional a los gritos que profirieron", aseguró Lahmad. "Aquellos que permanecieron silenciosos fueron absueltos", recalcó. "Eso demuestra que el juicio fue político", concluyó.
Cuatro jóvenes fueron condenados a ocho años; dos a seis años; uno a cuatro años; tres a dos años y otros dos a 24 meses pero, para estos últimos, la aplicación de la pena quedó suspendida. Aunque severa, la sentencia lo es algo menos que la que pronunció el mismo tribunal el 28 de junio pasado. Ese día tres saharauis fueron condenados por los mismos delitos a 50 años.
Horas antes de que se iniciase el juicio, media docena de camiones con policías antidisturbios rodearon la sede del tribunal con la intención de disuadir cualquier manifestación de familiares. Estos pudieron "acceder con cuentagotas" a la sala dónde se celebró la vista oral, según Lahmad. El grueso del público lo componían policías de paisano y funcionarios de la administración judicial.
La prensa extranjera, no así la marroquí, tampoco pudo entrar en la sala dónde sí fueron admitidas dos letradas, Inés Miranda y María Dolores Travieso de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española.
El juicio de los manifestantes arrancó el 5 de julio pero fue aplazado una semana después de que los letrados de la defensa se retirasen al considerar que no gozaban de las debidas garantías para ejercer su labor.

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