Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno valenciano lleva la reforma del PHN al Constitucional

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del PP, anunció ayer que su Gobierno decidirá el próximo viernes elevar un recurso al Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobada hace unas semanas. Camps lo hizo público tras reunirse, en pleno domingo, con los miembros de su gabinete que tienen competencias en materia hídrica: el vicepresidente, Víctor Campos, y los consejeros de Infraestructuras, Agricultura y Territorio: José Ramón García Antón, Juan Cotino y Rafael Blasco.

La iniciativa es coherente con la línea de los populares valencianos, que han hecho del ataque al Gobierno de Rodríguez Zapatero por la supresión del trasvase del Ebro el eje de su política. De hecho, hace poco más de un año, el Consell ya presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que derogó el anterior PHN, aprobado durante la presidencia de José María Aznar.

Beligerancia

Camps, cuyo Consell atraviesa una crisis debido a las discrepancias internas del PP valenciano entre sus partidarios y los de Eduardo Zaplana (dos consejeras firmaron un documento de reprobación del subdelegado del Ejecutivo autonómico en Elche, multado por insultar a una diputada del PP), volvió a cargar de énfasis ayer su beligerancia hídrica al acusar al Gobierno central de seguir "la hoja de ruta marcada por Esquerra Republicana de Catalunya" que está haciendo, en su opinión, que se convierta en el "más insolidario de toda la historia democrática de nuestro país". Según el presidente valenciano, la modificación del PHN otorga a una comunidad autónoma "un privilegio sobre una cuestión que es de todos" al recoger que "Cataluña tendrá capacidad determinante a la hora de decidir sobre la cuenca del Ebro".

Según el presidente valenciano, la modificación del PHN implica que "todas las comunidades autónomas aguas arriba del río Ebro podrían tener limitadas sus capacidades de uso del agua si Cataluña decidiese que, para la parte final del río se necesitase un caudal determinado". Camps, al criticar lo que calificó como una "confiscación" del agua, no hizo referencia alguna a que el anterior PHN condicionaba la posibilidad de trasvasar agua del Ebro al establecimiento de un caudal ecológico por parte del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, en el que la Generalitat de Cataluña tenía mayoría. Precisamente en ese organismo escenificó CiU su ruptura con el PP en materia hídrica al bloquear esa asignación al final de la legislatura.

El presidente valenciano anunció su presencia en la manifestación de agricultores convocada en Murcia el jueves y amenazó con recurrir las cantidades aportadas por el trasvase Tajo-Segura "si el Gobierno no las incrementa antes de septiembre". Los socialistas, por boca de su líder valenciano, Joan Ignasi Pla, acusaron a Camps de tratar de desviar con el victimismo por el agua la atención sobre la crisis de su Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de julio de 2005