Hasta 32 meses para resolver un asunto
El año pasado ingresaron en la jurisdicción civil de toda España 1.196.408 casos y se resolvieron, ese mismo año, 1.158.090. De todo el organigrama judicial (juzgados de primera instancia, juzgados de familia, juzgados de primera instancia e instrucción, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y Tribunal Supremo), fue en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo donde el atasco era al finalizar el ejercicio especialmente grave.
Mientras que en los órganos de cada comunidad autónoma el tiempo medio de la tramitación y resolución de los asuntos era 3,28 meses, en la sala civil del Tribunal Supremo se alargaba a 32,47 meses, el peor registro de los últimos años, en los que, salvo un levísimo descenso en 2002, la gravedad de la saturación judicial en este órgano ha ido aumentando.
El Poder Judicial aclara que para fijar la duración media de los asuntos que entran en cada órgano judicial tiene en cuenta los que ingresan, se resuelven y quedan en trámite al comienzo de cada periodo.
En el resto de las salas del Supremo la situación es algo mejor, aunque también es mucho peor que en el resto de organismos judiciales. En la jurisdicción penal, mientras los tribunales superiores de justicia de las comunidades tienen una media de 2,62 meses por asunto, en la sala Penal del Tribunal Supremo se alargan hasta 10,51 meses. En este terreno, sólo los juzgados de menores tienen un atasco semejante (9,21 meses por asunto) y los juzgados centrales de instrucción se quedan en 6,1 meses.
En el terreno de los litigios contencioso-administrativos, la Sala Tercera del Supremo, la competente para estos casos, acumula un tiempo de 22,52 meses (casi dos años) para resolver un asunto. Es en este punto el único donde los tribunales superiores de Justicia de las autonomías superan en problemas de atasco al Tribunal Supremo, con 29,16 meses de tiempo medio en la resolución de cada litigio.
En la jurisdicción social, el problema en el Supremo se cifra en 11,4 meses de espera media para la resolución de un asunto, mientras que en los Tribunales Superiores autonómicos esa espera se reduce a 7,22 meses.
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