El alcalde de Vila-real se sienta hoy en el banquillo por prevaricación

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, se sienta hoy en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y otro presunto delito ecológico. El fiscal pide para el alcalde ocho años y medio de inhabilitación, por no hacer caso a unas denuncias del ruido causado por una fábrica y solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel para el gerente de Rocersa, Pedro Llop, como presunto autor de un delito ambiental. La acusación particular, que representa a los vecinos afectados, considera a Vilanova "colaborador necesario" del presunto delito ambiental, por lo que reclama una pena mayor a la del fiscal que incluye prisión. Después de que el juzgado de Vila-real archivara la causa, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que existían motivos suficientes para decretar la apertura del juicio oral.

Los hechos se remontan a 1995 cuando unos vecinos presentaron una denuncia contra la empresa Rocersa, cuya contaminación acústica les impedía, según los querellantes, conciliar el sueño. El matrimonio comenzó a presentar denuncias ante el Ayuntamiento de Vila-real después de varios meses de soportar el ruido procedente de la fábrica y tras detectar que procedía de un cogenerador que la fábrica cerámica había instalado junto a su factoría. Los afectados, según uno de ellos, Antonio Flich, presentaron hasta una veintena de denuncias con mediciones realizadas por los agentes de la propia Policía Local del municipio. También aportaron los controles efectuados por técnicos de la Generalitat, que reflejaban cómo los ruidos procedentes de la fábrica superaban, en ocasiones con creces, los límites establecidos en la legislación. Además, la instalación no contaba con las preceptivas licencias del Ayuntamiento de Vila-real. Pero sus denuncias nunca fueron atendidas y jamás se resolvieron, según los denunciantes.

Hacer justicia

Tres años después, ante la desesperación que les produjo el sentirse ignorados, Antonio Flich y Concepción Capella decidieron presentar una querella ante el juzgado en la que ya acusaban al alcalde de un presunto delito de prevaricación. El juzgado de primera Instancia número 1 tomó declaración al alcalde y decidió sobreseer el caso después de que Manuel Vilanova se comprometiera a ordenar el cierre del cogenerador de la citada fábrica. Según explicó Flich, el cogenerador no volvió a funcionar pero a esas alturas eso ya no era suficiente. "Yo quería que se hiciera justicia porque me había sentido humillado durante muchos años, hasta el punto de tener que abandonar mi casa por no poder dormir", explicó el afectado.

Por ello, el matrimonio decidió proseguir la causa judicial y recurrir a la Audiencia de Castellón el archivo de su denuncia. La reapertura del caso se produjo después de que la Audiencia detectara "evidentes indicios de delito".