El Gobierno aprueba la Ley de Agencias para modernizar la Administración

El Gobierno quiere saber no sólo cuánto gasta la Administración, sino si lo hace bien o no. El Ejecutivo quiere saber la rentabilidad del dinero que invierte en incentivos fiscales, subvenciones o cooperación internacional. Para ello ha creado la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos, a través de una Ley de Agencias que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Pero esta ley, que dará soporte a la Agencia de Calidad, propiciará, también, que decenas de organismos públicos cuenten con estructuras flexibles para su control presupuestario y contratación de personal.

La Agencia de Calidad de los Servicios Públicos y la Ley de Agencias, que le da soporte, es la propuesta estrella para la Administración de esta legislatura del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como ayer lo hizo constar en el Consejo de Ministros y resaltó, en la rueda de prensa posterior, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Zapatero ha seguido de cerca su gestación por su conocimiento de la Administración, ya que fue portavoz socialista en el Congreso en esta materia en una etapa importante de su vida política, de 1996 a 2000.

"El debate público internacional ya no es el de cuánto gasta la Administración, sino si gasta bien o no", suelen decir Zapatero y Sevilla. Y su objetivo con la creación de la Agencia de Calidad es "implantar una nueva cultura en una sociedad en la que los contribuyentes son más exigentes sobre el uso del dinero público".

La Ley de Agencias, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno la ha negociado con los grupos parlamentarios y las autonomías, creará nueve agencias. Son la de Calidad de los Servicios Públicos; la del CSIC; la de Inmigración y Emigración; la de Seguridad en el Transporte y Tráfico Aéreo; la de Cooperación Internacional; la del BOE; la de Artes Escénicas; la de Meteorología y la de Investigación Biomédica.

Transformación

La Ley de Agencias propiciará que se transformen, por razones de eficacia en la prestación de los servicios asignados, los 76 actuales organismos autónomos, como el CSIC o el BOE; las 15 entidades públicas empresariales, como Renfe o AENA; los 47 organismos de estatuto específico, como la CNMV, Comisión Nacional de Energía, Museo del Prado o Instituto Cervantes; incluso las 141 sociedades mercantiles y las 54 fundaciones del sector público estatal, como la Fundación Museo Lázaro Galdiano o la del Teatro Lírico.

El objetivo de la Ley de Agencias, según señaló ayer Jordi Sevilla, es dotar a los organismos de la Administración de una fórmula organizativa que les conceda un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad para la gestión. Esta flexibilidad se traducirá en el control presupuestario y en la contratación de personal, sometidos actualmente a las rigideces del modelo de funcionamiento administrativo. Con la nueva ley, el director de la agencia podrá variar internamente el presupuesto y hacer su oferta de empleo con un personal, cuyas retribuciones estarán ligadas a la productividad por el cumplimiento de objetivos.

Otro elemento clave del modelo que ofrece la Ley de Agencias es la gestión por objetivos, que se plasma en un contrato de gestión, que fija los compromisos que adquiere la agencia para prestar un servicio público, con unos indicadores de resultados y unos niveles de eficacia y de calidad determinados.

Las agencias tendrán, también, más capacidad para generar ingresos. Junto a los percibidos por la prestación de servicios, podrá obtener otros por la vía del patrocinio. Al presidente del consejo de administración de cada una de las agencias lo nombra el Consejo de Ministros y su director surge del consejo de administración. La novedad es que el consejo se profesionalizará, con la entrada en vigor el Código Ético de la Administración y la desaparición de la figura de los altos cargos que acuden a los consejos para cobrar un sobresueldo.

Entrada de las autonomías

El modelo que propone la Ley de Agencias posibilita la entrada a las comunidades autónomas en la gestión de la agencia de que se trate, en las condiciones que se establezcan en su estatuto, aunque el Gobierno tiene prevista una futura ley específica para ellas.

Con la creación de Agencias estatales, el Gobierno no pretende añadir una nueva figura a los actuales organismos públicos, según Sevilla, sino que sean las agencias estatales las que configuren dichos organismos públicos y unifiquen sus criterios de organización. "Se trata de aplicar a los organismos de la Administración los criterios más avanzados de la empresa privada, de hacerlos más flexibles, modernos y europeos", señala el ministro de Administraciones Públicas.