El asesor jurídico de Mercalicante declara que el comité ejecutivo nunca le pidió opinión

El asesor jurídico de Mercalicante, el letrado Javier Mexía, declaró ayer ante la juez que investiga el supuesto desfalco en la empresa pública que el comité ejecutivo -máximo órgano de control de la firma- nunca le pidió opinión sobre las decisiones directamente relacionadas con el desfalco. La declaración de Mexía, en calidad de testigo y a propuesta de la acusación popular que ejerce el PSPV, contradice la esgrimida por los miembros del ente, que preside el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, acerca de que sus decisiones estaban avaladas por los técnicos y asesores.

La comparecencia del asesor jurídico de Mercalicante ante la magistrada instructora, Cristina Costa, titular del Juzgado número 1, se enmarca dentro de la nueva ronda de diligencias acordadas por la juez a propuesta de la acusación popular que ejerce el PSPV. El juzgado investiga un desfalco de unos seis millones de euros en las cuentas de las empresas entre los ejercicios 1999 y 2002. El principal acusado por estos hechos es José Emilio Clavero, ex gerente de la firma, en actualidad en libertad provisional por los delitos de apropiación indebida y estafa.

Los socialistas presentaron una batería de pruebas tras la declaración, en calidad de imputados -condición que la juez no ha levantado- de los cinco miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante. El máximo órgano de control lo preside el alcalde, Luis Díaz Alperi, y lo completan el edil del PP, Juan Zaragoza, José María Rodríguez Galant, ex concejal del PP y recientemente nombrado director general de la Ciudad de la Luz de Alicante, y otros dos miembros en representación de Mercasa, socio tecnológico del Ayuntamiento en Mercalicante. Los cinco del comité ejecutivo coincidieron en su comparecencia ante el juez que sus decisiones estaban avaladas por los técnicos y asesores.

Ayer, el asesor jurídico de la firma agroalimentaria cuestionó esa aseveración de los máximos directivos de Mercalicante especialmente en lo que se refiere a los tres pilares en los que supuestamente se basó el ex gerente para consumar el desfalco: alquiler de las naves frigoríficas, puesta en marcha de un sistema de mercado electrónico y prestamos por cantidades superiores a las que estaba autorizado.

Mexía, asesor jurídico de Mercalicante desde 1973, declaró ante la juez que no tuvo conocimiento de los contratos de arrendamiento y subarrendamientos con las tres íes - Las tres empresas con las que Clavero materializó esa operación-, "En los que no intervino para nada y que de todo se ha enterado después de la querella, después del informe de gestión", recoge textualmente la declaración de Mexía.

En los mismos términos se manifestó cuando fue interrogado sobre la puesta en marcha del sistema de mercado electrónico y, en concreto, que se le realizara consulta alguna sobre la autorización a favor del ex gerente para contratar con la firma Tenos todos los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.

En el aspecto financiero, Mexía aseguró que tampoco le consultaron "en cuanto a la contratación de préstamos, subvenciones y apoderamientos". Por último, el abogado dijo no recordar si en las convocatorias del consejo de administración se adjuntaba un informe económico y financiero y un cuadro de adjudicaciones y traspasos.

Ángel Franco, concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, manifestó que la declaración de Mexía "contradice la teoría y argumentos del alcalde". "Es decir, la comisión ejecutiva actuaba al margen de los informes de técnicos y asesores, a los que no consultaba", añadió. Franco exigió de nuevo responsabilidades políticas por el desfalco. "Es inadmisible que a estas alturas del proceso todavía nadie del equipo de gobierno del PP haya asumido ninguna responsabilidad por el mayor escándalo financiero en una empresa pública de Alicante", argumentó.