El presidente del Consejo Consultivo cree posible el traspaso de la CHG
Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento legal de la Junta, aseguró ayer que "jurídicamente no existe ningún obstáculo" para transferir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la Junta por la vía establecida en el artículo 150.2 de la Constitución, que fija que "el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
Tras entregar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, la memoria del Consejo Consultivo del año 2004, Cano Bueso indicó que el traspaso de la CHG es un "modelo prototípico de transferencia" por la vía del artículo 150.2, que permitiría su asunción "paralelamente a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía", y también sería aplicable a otras competencias como el tráfico y la seguridad vial. "No podemos obviar que sociológica, económica y culturalmente el Guadalquivir es un río netamente andaluz, porque el hecho de que vierta caudales de otras comunidades autónomas se refiere a un concepto legal concreto de cuenca hidrográfica", señaló Cano Bueso.
El presidente del Consejo Consultivo dejó claro que, "aunque la Constitución dice que los ríos que discurren por más de una comunidad son de competencia exclusiva del Estado, ese principio se basa en el concepto de cuenca hidrográfica, un concepto legal y, por tanto, modificable".
En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo puso de manifiesto que "si la Ley de Aguas modificase el concepto de cuenca hidrográfica, la del Guadalquivir ya no estaría afectada a los territorios de Castilla La Mancha y Murcia y por tanto sería un río netamente andaluz".
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometió en el pasado debate de la comunidad a "luchar" por conseguir la transferencia de la CHG a la Junta, por lo que avanzó que será incluida "expresamente" entre las nuevas competencias de la comunidad que se incorporarán con la reforma del Estatuto.
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