El consenso y la igualdad

Dicen quienes se oponen a la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo que el Gobierno no los escucha ni los atiende. Comparan, incluso, la perseverancia de Zapatero en defensa de la igualdad para lesbianas, gays y bisexuales con la que mostrara en su día el Gobierno de Aznar respecto a la participación española en una guerra ilegal.

Quizá debería alguien recordarles, para empezar, que la manifestación convocada por el Foro de la Familia el pasado 18 de junio pudo ser ciertamente masiva, pero que su posición contraria al matrimonio homosexual continúa siendo minoritaria en el conjunto de la sociedad española, tal y como lo certifican todas las encuestas realizadas.

Quienes se oponen a la reforma insisten, a pesar de todo, en que debió ser debatida más hondamente y sometida después a referéndum -o, cuanto menos, a negociación-. Nada podría objetarse en contra de un debate más riguroso, salvo que quienes lo exigen son justamente quienes no están dispuestos a emprenderlo, de la misma manera que no lo estuvieron mientras gobernaron. Su interés no es otro que dilatarlo hasta el infinito.

Respecto a la idea del referéndum o la negociación, las objeciones son más serias. Pretender que la igualdad de un colectivo discriminado sea sometida a plebiscito o a acuerdo, con el único fin de no "herir susceptibilidades", suena a broma de mal gusto en un verdadero sistema democrático. Lo que opine un amplio sector de la población, incluso si dicha opinión fuera compartida por una mayoría social, debería aparecer aquí como irrelevante, y no por totalitarismo o por intransigencia con puntos de vista diferentes y en sí mismos respetables, sino porque lo que está en juego es precisamente la igualdad (y no participar en una guerra, reformar el sistema educativo, o decidir la estrategia a seguir en la lucha contra el terrorismo, por poner tres ejemplos).

El artículo 14 de nuestra Constitución tiene como objetivo, mal que a algunos les pese, garantizar la igualdad de todas y todos, también de las minorías estigmatizadas. Por eso, me temo, se equivocan quienes afirman que no han sido consultados sobre esta reforma: se les preguntó por ella, implícitamente, en el artículo 14 de aquella Constitución que refrendaron en el 78.