El BNG quiere incluir la reforma del Estatuto en el plan de Gobierno
Socialistas y nacionalistas coinciden en que el empleo será la prioridad del Ejecutivo gallego
El PSdeG y el BNG comenzaron ayer a negociar el programa con el que gobernarán Galicia a partir de agosto, cuando el socialista Emilio Pérez Touriño sea ya presidente de la Xunta. Las dos fuerzas coinciden en que el empleo será la prioridad del próximo Ejecutivo autónomo, aunque los nacionalistas quieren también que entre las medidas que se comprometa a impulsar figuren algunos "criterios mínimos" para la reforma del Estatuto de Autonomía.
Los equipos negociadores del PSdeG y del BNG emprendieron las conversaciones en un hotel de Santiago de Compostela en un ambiente de cordialidad y con un fuerte hermetismo por ambas partes. Los futuros socios coinciden en su propósito de que las negociaciones transcurran con discreción para que las diferencias que puedan surgir en los próximos días no se diriman en los medios de comunicación.
No hubo declaraciones a los periodistas, y las dos delegaciones se limitaron a divulgar un escueto comunicado conjunto en el que explican que han pactado un método de trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo "lo antes posible". A partir de ahora, las conversaciones serán "permanentes" y, antes de abordar el reparto de cargos en la futura Xunta, socialistas y nacionalistas se afanarán en consensuar un programa de gobierno conjunto. Por el PSdeG participan en las negociaciones su secretario de organización, Ricardo Varela, y los diputados electos José Luis Méndez Romeu -uno de los pocos con un puesto asegurado en el próximo Gobierno- y Dolores Villarino. La delegación nacionalista está formada por su responsable de organización, Francisco Jorquera; el coordinador de su programa electoral, Carlos Aymerich, y la portavoz de la ejecutiva, Ánxela Bugallo.
El aspirante a suceder a Fraga, el líder del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, ya adelantó el pasado fin de semana que el nuevo Ejecutivo debe centrar sus esfuerzos en la creación de empleo. En ese terreno no es previsible que surjan dificultades, ya que el BNG conviene con el PSdeG en que se trata del problema más acuciante para los gallegos. Los nacionalistas, según fuentes de su dirección, plantearán medidas como duplicar los fondos que dedica la Xunta a la promoción activa de empleo con la intención de que supongan el equivalente al 1,1% del PIB gallego.
Buena base para el acuerdo
Más espinosa puede resultar la cuestión de la reforma del Estatuto de Autonomía. Touriño lleva la modificación en su programa electoral, y fuentes del BNG incluso asumen que la propuesta socialista es una buena base para un acuerdo. Pero el líder del PSdeG ha advertido de que, a su juicio, no se trata de un asunto principal en las preocupaciones ciudadanas y, por tanto, tampoco lo debería ser para el Gobierno que releve a Fraga. La intención de Touriño es que la reforma surja de una mesa en el Parlamento entre los tres partidos, sin intervención del Gobierno autonómico. Es un modo, señalan fuentes socialistas, de facilitar la inclusión del PP en ese pacto, imprescindible para que salga adelante la reforma que, según el Estatuto vigente, requiere el apoyo de los dos tercios de los diputados de la Cámara.
Sin embargo, los nacionalistas insistirán en que el pacto de Gobierno debe incluir algunos criterios mínimos suscritos por ambas fuerzas sobre el alcance que se tratará de darle a la modificación estatutaria, según fuentes de la dirección del BNG.
Los nacionalistas están de acuerdo en que el futuro Gobierno debe ser paritario entre hombres y mujeres, pero sostienen que eso no obliga a crear dos vicepresidencias, como ha sugerido Touriño. La intención del BNG es que su líder, Anxo Quintana, sea el vicepresidente único. A los nacionalistas, según las fuentes consultadas, no les ha agradado que Touriño hiciese declaraciones públicas sobre esta cuestión, aunque ambas partes insisten en que en ningún caso se trata de un obstáculo insalvable.
El PSdeG no se opondrá a que el acuerdo recoja algunas demandas al Gobierno central para paliar lo que las dos fuerzas políticas consideran un déficit de infraestructuras en la comunidad autónoma.
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