El PSOE de Cádiz vincula a dos ediles del PP con un promotor calificado por los vecinos como 'asustaviejas'

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, mostró ayer, en el pleno sobre el estado de la ciudad, un poder notarial que faculta a dos concejales del PP (el primer teniente de alcalde, Enrique García Agulló, y el concejal de Urbanismo, José Loaiza) y al marido de la edil popular Mercedes Colombo, Alfonso Pozuelo, a actuar en nombre del promotor urbanístico Enrique Arroyo Gambela. Este empresario, según denunciaron Manuel Iglesias, presidente de la asociación de vecinos del barrio de La Viña, y Francisco Gallardo, presidente de la agrupación vecinal en el barrio de El Mentidero, es "el mayor asustaviejas" de esta ciudad.

Según los vecinos, los "asustaviejas" recurren al "chantaje, la amenaza y la coacción" para desalojar viviendas con rentas antiguas y ocupadas, habitualmente, por personas mayores para poder alquilarlas a mayor precio o venderlas.

Para Román, el documento notarial confirma la conexión entre la actividad pública y privada de algunos concejales del PP. "En el área de Urbanismo se mueve una ingente multitud de expedientes que, naturalmente, demuestran que hay colisión entre los intereses públicos y los intereses privados profesionales. Si, además, afecta a la especulación urbana, a mí me preocupa mucho más", afirmó.

El concejal de Urbanismo, José Loaiza, admitió la existencia de este documento y dijo que "nunca" lo utilizó y que se firmó antes de tomar posesión como concejal. Añadió que se trata de un documento para pleitos y no para actuar en su nombre en los negocios inmobiliarios. A renglón seguido, arremetió en duros términos contra Román. "Ni una sola prueba tiene usted. No he firmado jamás en un juzgado o en un acto extrajudicial con ese señor. Nada. Está usted ensuciando la política y manchando la honorabilidad de las personas", dijo.

Esta denuncia del PSOE se produjo casi al final de un intenso debate en el que la alcaldesa, Teófila Martínez, subrayó "los avances" que está experimentando la ciudad de Cádiz. Al mismo tiempo, propuso sin éxito un pacto a toda la oposición para luchar por el empleo y la vivienda ante el "parón" que sufren, a su juicio, algunos proyectos que dependen de administraciones gobernadas por el PSOE. El grupo socialista se opuso ante el "injustificado victimismo del PP", lo que motivó las críticas del gobierno local.

Por otra parte, Román pidió la dimisión de los concejales del PP que son consejeros en la Zona Franca, Ignacio Romaní y Enrique García Agulló, a quienes culpó de haber desoído a la Abogacía del Estado y aprobar que el recinto fiscal comprase Quality Food, una sociedad que ha provocado un quebranto económico de más de 40 millones de euros. Asimismo, el portavoz socialista criticó a los ediles populares por no advertir y denunciar las irregularidades detectadas en la Zona Franca.