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Tribuna:DEBATE CIUDADANO

La política fiscal de Esperanza Aguirre

El autor cree exagerado presumir que la publicitada reforma impositiva de Aguirre tenga influencia significativa en el desarrollo económico o en el bienestar de las familias.

El vigente sistema de financiación autonómica otorga a las comunidades autónomas una amplia capacidad normativa en varios impuestos (IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos y juego). El Gobierno de Esperanza Aguirre ha usado dicha capacidad normativa apuntando una política fiscal insistentemente publicitada como una "rebaja selectiva de impuestos".

Según el Gobierno regional, las medidas fiscales adoptadas para 2005 suponen un gasto fiscal estimado de 260 millones de euros. Cifra realmente modesta si se compara con los 13.312 millones de recaudación prevista para el conjunto de impuestos. Con ese calado, es exagerado presumir de alguna influencia significativa en el desarrollo económico regional o en el bienestar de las familias.

Los receptores de grandes herencias, los más beneficiados por la reforma de Aguirre

Por el contrario, se registra un espectacular incremento de la recaudación de algunos impuestos como el de transmisiones o actos jurídicos, muy superior a las rebajas fiscales tan publicitadas. Tal cosa ocurre por la evolución del precio de la vivienda en Madrid y en absoluto obedece a la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. También crece la recaudación por IRPF o por IVA, sin que sea posible establecer ninguna conexión con las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de Aguirre.

La bobada de asegurar que rebajar la tarifa o establecer deducciones en algunos impuestos conduce a un incremento de la recaudación ha sido contundentemente desmentida en EE UU. El presidente Bush decidió una rebaja fiscal importante con la consecuencia de que ha generado un déficit espectacular en aquel país. La modestia de la rebaja adoptada por Aguirre se ve compensada, ampliamente, por las consecuencias fiscales del aumento del precio de la vivienda, del consumo y del empleo, factores todos ellos que justifican suficientemente la evolución del incremento de la recaudación de los principales impuestos, sin necesidad de explicaciones milagrosas.

Si alguna conexión se puede establecer entre la rebaja fiscal de la presidenta y el aumento de recaudación en algún impuesto, ésta ha de ser la consecuencia de una competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Puede suceder que estemos asistiendo a una "deslocalización" de patrimonios, cosa de la cual nadie debería sentirse orgulloso. De advertirse este efecto, las comunidades afectadas reaccionarán adoptando las mismas medidas. La competencia fiscal entre autonomías no es una buena noticia para nadie.

Dentro de la modestia de la rebaja fiscal ya descrita, llama la atención qué impuesto ha sido elegido para actuar prioritariamente sobre él. La principal medida consiste en eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. La carga fiscal que se pretende aliviar es la de aquellos ciudadanos que reciben un patrimonio bien sea por herencia o por donación, es decir, sin esfuerzo alguno por su parte. ¿Se considera que lo más equitativo es mejorar el tratamiento fiscal de las herencias o de las donaciones? ¿No es más urgente mejorar el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo?

Pero es que, además, suprimir este impuesto sin límites, indiscriminadamente, convierte a los receptores de grandes herencias en los principales beneficiarios de la reforma. Puede ser razonable aliviar la carga fiscal de quien recibe como herencia un piso, una casita de vacaciones o que transmite a su hijo un modesto negocio. Pero ¿es prioritario eliminar el impuesto para grandes herencias o grandes donaciones? Para Aguirre, sí. Ella sabrá por qué.

La reforma fiscal de la presidenta es una reforma a plazos. Lo cual obedece a una decisión puramente propagandística: vender una y otra vez la idea de que están bajando los impuestos. En esta ocasión, se vende la supresión del impuesto de donaciones entre padres e hijos cónyuges y parejas de hecho, con un gasto fiscal de unos ocho millones de euros.

El anuncio se produce tras la petición del Gobierno de Aguirre al Gobierno de Zapatero de más financiación, inventando, incluso, una inexistente deuda. Al parecer, lo que Aguirre pretende es que Zapatero suba impuestos para mejorar la financiación de la Comunidad de Madrid mientras rebaja los que dependen de ella, aunque sea modestamente. Todo un recital de deslealtad institucional. O, más bien, de cara dura.

Que Madrid necesita financiar mejor sus servicios públicos se aprecia con un par de datos. El gasto educativo por alumno sitúa a Madrid en el penúltimo puesto de las comunidades autónomas, con un 82% de la media. El gasto sanitario por habitante protegido coloca a Madrid en el último lugar, con un 91% de la media de las autonomías.

Y, sin embargo, el sistema de financiación autonómica evoluciona en Madrid mejor que en ninguna otra comunidad. Entre 1999 y 2003 se ha registrado un aumento de un 40% en la financiación por habitante, según el Gobierno regional. Pero esta evolución de los ingresos no se corresponde con la de los gastos destinados a los servicios públicos más importantes. Se trata, claramente, de un problema de prioridades, ya, que pudiendo gastar más en Sanidad y Educación (entre otros servicios), se prefiere gastar en otros menesteres. Lo cual es tan legítimo como inconveniente.

En resumen, la política fiscal de Esperanza Aguirre, ni responde a la necesidad de mejorar los servicios públicos (ésta debería ser la verdadera prioridad) ni se puede considerar que ejerza una influencia positiva sobre la actividad o el empleo en la región. Si acaso, su principal efecto va a ser desatar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, justo lo que menos necesitamos.

Adolfo Piñedo Simal es diputado del Partido Socialista de Madrid en la Asamblea regional y portavoz en asuntos de Presupuestos y Hacienda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de julio de 2005