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Reportaje:

Francia vende las 'joyas de la abuela'

El Gobierno acude a las privatizaciones con la esperanza de ingresar unos 30.000 millones de euros

Apurado por una deuda que se acerca al 70% del producto interior bruto (PIB), con una previsión de crecimiento raquítica -no más de un 1,4% en 2005-, enfrentado a un paro tercamente estructural del 10% y frente a un déficit presupuestario que no bajará del 3%, el Gobierno de Dominique de Villepin ha decidido reemprender los procesos de privatización para recaudar dinero. Ha recuperado los de los grandes monopolios energéticos de Francia: Gaz de France (GdF) y Électricité de France (EdF), y les ha añadido el de las concesionarias de autopistas, que espera que proporcionen 11.000 millones de euros adicionales a las exangües arcas del Tesoro público.

La salida a Bolsa de GdF y EdF había entrado en vía muerta en los últimos meses del primer ministro Jean Pierre Raffarin, y en especial durante la campaña del referéndum del Tratado Constitucional europeo, cuyos detractores argumentaban, precisamente, que abría la puerta a un modelo económico liberal y ponía en peligro los servicios públicos. Ahora, sin embargo, el nuevo Ejecutivo, surgido del rechazo de la Constitución europea, parece decidido a vender las joyas de la abuela para afrontar sus graves problemas financieros.

Se cree que Economía pretende sacar a Bolsa Areva, gigante mundial de energía nuclear
La verdadera novedad del actual proceso son las concesionarias de autopistas

Con la salida a Bolsa de EdF, GdF y las concesionarias de autopistas, más las ya realizadas de paquetes adicionales de la empresa de telecomunicaciones France Télécom, de Air France-KLM (el 18,4%) y de la empresa aeronáutica Snecma, el Gobierno cuenta con recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de euros, lo que, sumado a los ingresos por concesionarias, arroja entre 26.000 y 31.000 millones. Pero sólo una parte irá a parar a las arcas públicas.

Pese a todo, esas operaciones representan una muy pequeña parte del patrimonio industrial del Estado francés, que seguirá manteniendo más del 80% de las dos grandes empresas energéticas. Los últimos rumores apuntan a que el Ministerio de Economía de Thierry Breton estaría preparando la salida a Bolsa de Areva, el principal productor de energía nuclear del mundo.

La semana pasada, el Gobierno lanzó la ampliación de capital de GdF, una empresa que goza de muy buena salud financiera, y que no parecía necesitar una inyección de capital. El Estado se desprendió del 18,1% del capital; 79.116.904 acciones a un precio de entre 20,50 y 23,80 euros, y conservará el 81,9% restante. Destinará cerca de 3.000 millones de euros a reducir la deuda pública y la de la Red Ferroviaria de Francia (RFF). Por otro lado, GdF realizó una ampliación de capital emitiendo 70.323.469 nuevas acciones que espera que le reporten entre 1.670 a 1.900 millones de euros y que empleará para su modernización.

En el Ministerio de Economía justifican estas decisiones con el argumento de que hay que proteger la "buena salud" de la empresa gasista de modo que crezca y sea "capaz de comprar otras empresas". Para ayudarla en el proceso de privatización, el Gobierno no ha dudado en autorizar una subida de tarifas de hasta un 14% de aquí al mes de abril de 2006. La tarifa llevaba un año congelada, pero la importancia de esta subida, que pagará el ciudadano, cabe más bien entenderla, según aseguran los analistas, como un aliciente para su salida en Bolsa, que hace unos meses no parecía tener tan buenas perspectivas como ahora.

La operación más importante, sin embargo, será la de Électricité de France, una de las empresas eléctricas más grandes del mundo. Será la mayor operación de salida a Bolsa de una empresa pública, aunque en realidad sólo se tratará de una ampliación de capital. El Gobierno de Raffarin, en su momento, ya prometió que no tocaría un céntimo, y su sucesor, Villepin, no le ha contradicho, aunque ahora ya sean muchos los analistas que sospechan que la tentación del Ejecutivo para aliviar sus problemas de caja sea demasiado grande. En el Ministerio de Economía se apunta a mediados de octubre para introducir en Bolsa entre 8.000 y 9.000 millones de euros, aunque no se conoce cuál será el precio de la acción ni tampoco cuál será, finalmente, la parte del capital de EdF que se pondrá en manos privadas.

La auténtica novedad en el proceso de privatizaciones que ha introducido el primer ministro Villepin es la de las concesionarias de autopistas. Durante varios meses, el anterior ministro de Transportes, el centrista Gilles de Robien -actual ministro de Educación- se había peleado con Economía para mantener bajo control público las grandes redes de autopistas de peaje. En realidad, De Robien quería servirse de los ingresos de estas empresas para crear una especie de agencia para infraestructuras; un esquema de financiación de perfil medioambiental, por el que los peajes pagados por los automovilistas contaminantes se transformaran en fondos para financiar las grandes obras de transportes colectivos.

El Estado francés es propietario del 74% de Sanef, del 50% de ASF y del 70% de APPR. A partir de su actual cotización en Bolsa, el paquete de Sanef valdría 2.600 millones; el de ASF, 5.000 millones, y el de APPR, 3.500 millones de euros. En total, más de 11.000 millones de euros. La salida a Bolsa de estos títulos se prevé para antes de final de año.

El primer ministro, en el discurso ante la Asamblea Nacional en el que pidió la confianza de la Cámara y explicó su programa de Gobierno, anunció que este dinero se dedicaría "en buena parte" a la financiación de infraestructuras, a la agencia que creo De Robien. Villepin anunció asimismo la creación de la Agencia para la Innovación Industrial, que ya desde este año tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros.

"Una auténtica provocación"

Buena parte de la sociedad francesa que votó no el pasado 29 de mayo, precisamente para oponerse a la supuesta deriva liberal del proyecto que encarnaba el tratado constitucional europeo y para defender el modelo francés de servicios públicos, se considera burlada por la decisión del nuevo Gobierno de seguir adelante e intensificar el proceso de privatizaciones de empresas públicas. Para los sindicatos, el anuncio de De Villepin de abrir el capital de las dos grandes empresas públicas de la energía, 60 años después de que el sector fuera nacionalizado siguiendo el programa de la Resistencia, es una "auténtica provocación".

Los sindicatos denuncian que no existe ninguna necesidad de privatizar el sector de la energía. Contra la salida a Bolsa de GdF se pronunciaron las cinco centrales sindicales, CGT, CFDT, FO, CFTC y Sud Energie, que organizaron paros parciales y manifestaciones. La oposición socialista fue igualmente crítica, no sólo con la operación, sino también con el momento elegido por Villepin para hacerlo. Para el senador Jean-Luc Melenchon, uno de los que hicieron campaña por el no, el Gobierno de Villepin realiza "una política de brutos".

En un intento de ganarse a sus empleados, GdF les ha hecho una oferta especialmente atractiva, reservándoles hasta un 15% de las acciones que salgan a Bolsa a precios muy por debajo de los que deberán pagar los inversores. Si para los primeros la horquilla se sitúa entre 20,7 y 24 euros cada acción, los trabajadores de GdF pagarán tan sólo entre 16,4 y 19 euros por título.

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