Abogados del Estado rechazan las críticas del Poder Judicial

La Asociación de Abogados del Estado ha rechazado tajantemente el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se acusaba a un abogado del Estado de "abuso del lenguaje" en la defensa de uno de los policías imputados en la supuesta detención ilegal de los dos militantes del PP interrogados como sospechosos de la agresión al ministro de Defensa, José Bono.

El acuerdo de la Permanente fue adoptado por el presidente, Francisco Hernando, y los vocales afines al PP Enrique López y Carlos Ríos, con el voto en contra de los vocales progresistas Montserrat Comas y Félix Pantoja. Otros seis vocales del mismo sector rechazaron después el acuerdo de los conservadores.

La Asociación de Abogados del Estado "da su total respaldo" a los profesionales que han asumido la defensa del caso, en tanto que no están haciendo "más que velar por los intereses del policía nacional imputado" al que acusa el PP de unos delitos que pueden llevar aparejada la pena de 10 años de prisión y la accesoria de inhabilitación absoluta para su cargo público.

Los abogados del Estado rechazan que el escrito de defensa pusiera en cuestión "ante la opinión pública la profesionalidad e imparcialidad" del juez instructor Carlos Valle, "entre otras cosas, porque el recurso no va dirigido a la opinión pública", sino a la Audiencia Provincial.

El colectivo asegura que el CGPJ carece de competencias para pronunciarse sobre las actuaciones procesales de las partes en un procedimiento, más allá de los casos en que un miembro de la carrera judicial solicite el amparo del Consejo por considerarse inquietado en su independencia, "lo cual no ha ocurrido en este caso". Respecto al traslado de la decisión del CGPJ a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado "a los efectos que resulten oportunos", la asociación considera que no existe responsabilidad de ningún tipo.

El recurso interpuesto contra al auto del juez Carlos Valle "no hace más que poner de relieve las infracciones legales que se entiende que se han producido en la resolución recurrida, y ello a los exclusivos efectos de conseguir su revocación", y añaden: "Un recurso implica una pretensión de anulación de una resolución sobre la base de los vicios o defectos que la parte perjudicada atribuye a dicha resolución".