La Vital dice que la sentencia contra el decreto del Gobierno es congruente con "la autonomía de las cajas"

La Caja Vital se felicitó ayer por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha anulado 11 de los 20 artículos que recurrió del reglamento que desarrolla la Ley de Cajas vascas y considera que el pronunciamiento judicial "es congruente con la autonomía" de estas entidades.

La impugnación por la vía contencioso-administrativa presentada por la caja alavesa contra el decreto 240/2003 del Gobierno vasco se basaba precisamente en que atentaba contra la autonomía de las cajas con una serie de preceptos que interferían en decisiones propias de las entidades financieras. Entre ellos, la obligación de remitir al Departamento de Hacienda del Gobierno la propuesta de distribución de resultados del año anterior, el proyecto de aplicación de la obra socia, y pedir la autorización previa para las tomas de participación significativas en el capital de otras empresas. En total, la Vital recurrió 20 artículos del decreto, de los que el Superior ha anulado, total o parcialmente, once.

En una nota oficial, la caja destaca que la sentencia, pese a reconocer al Gobierno vasco las funciones de protectorado y control público de las instituciones financieras, coincide en sus consideraciones con las que la Vital elevó en su día a la Comisión Jurídica Asesora del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno vasco. No obstante, insta a la prudencia, ya que la sentencia puede ser recurrida y quedan pendientes varios recursos, uno de ellos presentado al Tribunal Constitucional por el PP contra la propia Ley de Cajas. Caja Vital Kutxa quiere dejar patente, en cualquier caso, su exquisito respeto al ámbito de la Justicia y a las decisiones judiciales", concluye la nota.

Fuentes de la Kutxa y de la BBK se mostraron también muy cautelosas ante la sentencia. Aunque no han ocultado extraoficialmente su satisfacción por los dos fallos judiciales que ya han puesto fuera de juego 12 artículos del decreto, prefirieron esperar al final de los procesos judiciales para pronunciarse.