Las cajas mantienen su corporación industrial porque la disolución costaría 40 millones

La disolución de Cartera de Participaciones Empresariales conllevaría unos costes fiscales a sus copropietarias (Bancaixa y la CAM) que superan los 40 millones de euros. La cifra ha evitado que las cajas liquidaran por falta de actividad esta sociedad, un proyecto que se impuso desde la Generalitat a las dos instituciones financieras, nada interesadas en su puesta en marcha y menos aún en su mantenimiento. Pero el escándalo que hubiera supuesto perder más de 40 millones y el fracaso político de esta iniciativa forzaron una solución de compromiso para mantener Cartera formalmente.

La decisión fue cosa de los dos presidentes. José Luis Olivas, por Bancaixa, y Vicente Sala, por la CAM, con la presencia de Arturo Virosque, presidente de CPE, se reunieron ayer para formalizar el acuerdo alcanzado el pasado viernes. La Generalitat, tan activa en la gestación de Cartera, estuvo al margen de la decisión. Algunas fuentes quisieron ver en esta ausencia un fracaso del Consell. En la reunión se nombró al director de empresas participadas de la CAM, Alfonso Rodríguez, y al responsable de las empresas participadas y de inversiones de Bancaixa, Arturo Alario, como administradores solidarios de la sociedad. Los dos representantes, personal de las cajas, sustituyen a los miembros del consejo de administración.

La reunión de ayer sirvió para crear el fondo de capital riesgo, anunciada el año pasado para apoyar iniciativas innovadoras. Un anuncio que ha sorprendido en círculos financieros porque se hace en una situación especialmente difícil de la industria valenciana y sin contar con el Consell.

El detonante de esta situación es, de nuevo, político. Y es que la trayectoria de esta sociedad conjunta de las dos grandes cajas valencianas, creada para agrupar algunas de sus participaciones industriales y canalizar inversiones conjuntas futuras que aún no se han producido, arrancó con el visto bueno de la Generalitat y a pesar de la resistencia de las propias cajas. Y, ahora, la división interna del PP en Alicante ha impedido que la CAM renovara sus representantes en el consejo de administración de Cartera de Participaciones Empresariales. Pero en estos momentos, y a pesar del escaso entusiasmo que han mostrado las cajas en la corporación desde su creación, y que se refleja en su inactividad, la disolución tendría un coste fiscal que superaría ampliamente los 40 millones.

Las dos grandes cajas de ahorros valencianas estudiaron los distintos escenarios posibles. Sus presidentes, por ello, parecen haber decidido apostar por mantener la sociedad en un acuerdo en el que, en esta ocasión, se ha mantenido al margen la Generalitat, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Con todo, ayer Bancaixa defendió oficialmente de nuevo que considera la sociedad como una "herramienta necesaria y útil" para las cajas y para la Comunidad Valenciana. Desde la CAM, asimismo, defendieron que la entidad "nunca" ha apostado por disolver la corporación. Las dos cajas defendieron que el nombramiento de los administradores solidarios estaba prevista en los propios estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

La principal duda que se plantea tras la decisión tomada ayer se refiere al funcionamiento futuro de Cartera de Participaciones Empresariales. Por eso, y aunque fuentes conocedoras del procedimiento insistían en que está la puerta abierta a volver a crear el consejo de administración de la sociedad siempre que se logre el consenso que ha faltado en estos últimos meses, otras fuentes apostaban por que la inactividad seguirá presidiendo la realidad de esta corporación. Pese a ello, fuentes oficiales de ambas cajas aseguraron que Cartera funcionará igual que ahora y explicaron que los dos administradores deberán decidir actuaciones futuras.

Cartera de Participaciones Empresariales, que arrancó con la presencia de las dos cajas en una docena de sociedades, la mayoría en pérdidas, destacó ayer que en estos momentos tiene encomendada por las dos cajas de ahorros una participación conjunta del 5,5% en Abertis, "líder en España en el sector de las infraestructuras" y que ha generado en 2004 un beneficio de 13 millones, entre otras. La sociedad sumó el año pasado un beneficio conjunto de 4,2 millones de euros.