Tàrrega tendrá una cárcel que acogerá entre 500 y 750 presos

Tàrrega (Urgell) acogerá una cárcel de cumplimiento de penas con capacidad máxima para 750 presos. El Departamento de Justicia anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con el consistorio y que no habrá marcha atrás, al contrario de lo que ocurrió cuando trascendió que se edificaría una prisión en Estaràs (Segarra). Las obras empezarán a final de 2006. Unas 200 personas se concentraron ayer por la noche ante el consistorio de Tárrega para protestar por la decisión. CiU ha convocado para hoy una concentración en la plaza Major de Tàrrega.

"No habrá marcha atrás porque el acuerdo con el Ayuntamiento es firme y definitivo". Así se expresó ayer el secretario de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, Albert Batlle, que se trasladó expresamente a Lleida para anunciar el pacto institucional con el Ayuntamiento de Tàrrega, gobernado en coalición por la candidatura local AIPN, PSC y ERC. La fuerte oposición de las instituciones y vecinos a la alternativa de Estaràs contra el equipamiento penitenciario obligó a la Generalitat a buscar otras alternativas y finalmente la ha encontrado en Tàrrega, uno de los municipios más importantes de la zona, que tiene una población de 15.000 habitantes.

Albert Batlle, secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, se trasladó ayer a Lleida para explicar los detalles del acuerdo que permitirá ubicar en Tàrrega (15.000 habitantes) la prisión que el Plan Director de Equipamientos Penitenciarios 2004-2010 prevé construir en la Cataluña central. A diferencia de lo ocurrido en Estaràs, Batlle afirmó que en este caso la Generalitat "no dará marcha atrás" porque ya hay un acuerdo "firme y definitivo" con el Ayuntamiento de Tàrrega.

La nueva prisión de cumplimiento se denominará de la Corbella, podrá acoger a una población de entre 500 y 750 presos y se construirá en unos terrenos próximos al casco urbano de Tàrrega, situados entre el vertedero comarcal y la autovía A-2. Batlle confirmó que una parte de los terrenos pertenecen ya al Instituto Catalán del Suelo (Incasol), por lo que la Generalitat deberá negociar con particulares la compra del resto de las fincas necesarias. La prisión ocupará una superficie de 8,4 hectáreas, y ya están edificados 50.000 metros cuadrados. Batlle dijo que el emplazamiento elegido reúne los criterios establecidos por el plan penitenciario de la Generalitat, sobre todo en la proximidad a un núcleo urbano de referencia con servicios y bien comunicado con Cataluña. La inversión prevista es de 70 millones de euros.

Ocho ofrecimientos

Batlle explicó que, una vez rechazada la ubicación de Estaràs, se abrió un proceso de diálogo con los ocho municipios que se ofrecieron para acoger la prisión. "No me gusta hablar de compensaciones", dijo Batlle, "pero es evidente que las prisiones son un elemento de impulso económico del territorio". La de Tàrrega generará 420 puestos de trabajo y un impacto económico de 16 millones de euros anuales.

Batlle reclamó a los partidos de la oposición el máximo respeto institucional hacia esa decisión de ubicar la nueva prisión en Tàrrega y sobre la posibilidad de que se constituyan plataformas de oposición al proyecto, Batlle señaló que un amplio sector de la opinión pública catalana ya está cansada de la cultura del no. "Estamos para gobernar, para escuchar a los ciudadanos y para ejercer nuestras responsabilidades, pero si nos instalamos permanentemente en la cultura del no difícilmente podremos ejercer las responsabilidades de autogobierno que tanto reclamamos", concluyó Batlle.

Por su parte, el alcalde de Tàrrega, el independiente Joan Amézaga, confirmó que el equipo de gobierno había aceptado la propuesta de la Generalitat al considerar que la prisión no generará inseguridad, sino que será "un elemento de impulso económico y comercial" para la ciudad y la comarca. Así, la prisión se convertirá en la empresa con más trabajadores de Tàrrega.