El raro problema de los 200 científicos excelentes

Ni son jóvenes ni son becarios.Los investigadores del Programa Ramón y Cajal pasaron por ambas categorías hace años, y las dejaron atrás. Se les ha llamado cerebros y científicos de élite, "investigadores de excelencia", en el caso del rector de la Universitat de València, Francisco Tomás.

El Programa se convoca anualmente, se creó en 2001 y cuenta con 2.000 científicos adscritos en toda España, 200 de ellos en la Comunidad Valenciana. La mayoría (156) trabajan en las universidades públicas. El sueldo es similar al de un profesor titular y los contratos de los investigadores de la primera promoción acaba el próximo año.

La pérdida de competitividad de las empresas valencianas, el déficit crónico de inversión española en ciencia y tecnología, y las declaraciones de intenciones de responsables de las Administraciones, entre otros factores, podrían llevar a pensar que mantener en casa a estos científicos de prestigio es una prioridad.

Autonomías como la catalana anunciaron su intención de retenerlos a todos. La de Castilla-La Mancha -una de las que menos tiene- ha enviado misivas a Ramón y Cajal de toda España ofreciendo plazas de investigación.

¿Y la valenciana? Permanece en la indefinición. El Gobierno ha lanzado el Programa I3, por el que asumirá los contratos de investigadores con una trayectoria acreditada -como la mayoría de los Ramón y Cajal- por tres años, a cambio de que las instituciones que los acojan les ofrezcan estabilidad laboral.

Una fundación mixta

El I3 exige la firma de un convenio entre el Gobierno y cada autonomía. Los Ramón y Cajal valencianos están en medio de una negociación a tres bandas: Consejería, Gobierno y universidades. Una vez hecha la oferta del I3, y dada la subordinación financiera de las universidades, parece el turno de la Consejería. Ésta, sin embargo, remite a las negociaciones; a una reunión con el Gobierno el próximo mes, y a que se barajan "varias posibilidades". Menciona expresamente la de una fundación mixta, participada por la Generalitat, el Ejecutivo y la empresa privada, que se haría cargo de parte de los científicos.

Los investigadores, nerviosos, han empezado a movilizarse: Se han reunido con la Consejería, los partidos políticos, sindicatos y gobiernos universitarios. Algunos miran con interés los perfiles demandados por centros extranjeros, y la semana pasada protestaron ante el Rectorado de la Universitat, la tercera en número de Ramón y Cajal de toda España.

El rector opina que retener a los Ramón y Cajal no debería plantear demasiados problemas a la Consejería: sus contratos terminarán paulatinamente y su coste se diluirá a lo largo de su vida profesional. Reitera la necesidad de que la reforma del Gobierno contemple la figura del investigador no docente, y limita "la urgencia" a los 40 científicos que acabarán el programa en noviembre de 2006.