La CE defiende a sus técnicos en la compra de Pechiney por Alcan

La Comisión Europea no tiene constancia de que funcionarios adscritos a la comisaría de Competencia estén implicados en un caso de abuso de información privilegiada que reportó no menos de cinco millones de euros de plusvalías en 2003. Las autoridades francesas responsables del mercado de valores han pedido a la justicia gala que investigue los indicios detectados sobre ese tipo de abuso en la adquisición de la sociedad francesa Pechiney por la canadiense Alcan, de la que nació el segundo grupo mundial del aluminio.

La Autoridad de los Mercados Franceses (AMF), el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española, detectó movimientos de acciones fuera de lo común y revalorizaciones de hasta el 160% de Pechiney en junio y julio de 2003 coincidiendo con los contactos que responsables de Alcan tuvieron con la Comisión para informarse sobre si era factible su adquisición de la sociedad gala, según informó ayer Le Figaro.

Con nombres de desconocidos, mediante el uso de cuentas en paraísos fiscales y con la mediación de diversos bancos, los investigadores de AMF detectaron operaciones de compraventa de 11 millones de acciones de una firma que sólo tenía 82 millones de títulos, un extraordinario movimiento en apenas tres semanas del verano de 2003. Un año más tarde, AMF pidió información a la Comisión sobre los contactos y gestiones realizadas, y en el pasado mes de marzo, el Ejecutivo comunitario remitió a la autoridad francesa los nombres de siete funcionarios que tuvieron conocimiento del interés de Alcan por Pechiney antes de hacerse público.

"Se ha hecho una investigación interna para saber si las acusaciones son ciertas o no", informó ayer Jonathan Todd, portavoz de Competencia. "En este momento la Comisión no tiene razón para creer que estos funcionarios u otros de la Comisión sean culpables del delito de información privilegiada".

Según Todd, desde que en 1990 entró en vigor el reglamento de fusiones, la Comisión ha analizado más de 3.500 solicitudes y "nunca ha habido un solo caso de delito de información privilegiada".

La Comisión dice haber colaborado estrechamente con AMF en las investigaciones de Alcan-Pechiney. AMF también ha informado a la OLAF, la oficina antifraude de la UE.