Un plan de la Comunidad obliga a los maltratadores de mujeres a costear los gastos de sus acciones violentas

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, presidió ayer la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género, donde se presentó para su aprobación el anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género, que incluye a menores y víctimas de acosos y agresiones sexuales. En esta reunión también se presentó el borrador del Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género 2005-2008 y la puesta en marcha, el próximo jueves, de los tres juzgados de violencia doméstica en la capital.

Aguirre señaló que la finalidad tanto de la Ley Integral contra la Violencia de Género como del Plan de Acción contra la Violencia de Género es dar una respuesta global a este fenómeno. El plan, que contiene 122 medidas, contará con un presupuesto de 74,6 millones para el periodo 2005-2008.

Con la puesta en marcha de la ley y el plan se incorpora un concepto más amplio de violencia doméstica, en el que están incluidos no sólo los malos tratos que sufren las mujeres en el ámbito doméstico o afectivo, sino también la que padecen en los ámbitos laboral (acoso sexual) y social (agresiones sexuales, tráfico con fines de explotación sexual y mutilaciones genitales).

También se dará atención especializada a las mujeres inmigrantes y con discapacidad y, además, se consideran víctimas a efectos de dotarles de una mayor protección, en un primer lugar, a las mujeres y también a sus hijos e hijas y otras personas dependientes de ella en el caso de la violencia doméstica.

Tanto el Plan de Acción Integral como la ley tienen como objetivos principales erradicar la violencia doméstica y ofrecer y dar asistencia integral a las víctimas. Una de las principales novedades es que se ha incluido por primera vez la obligación de que el maltratador, declarado como tal por sentencia firme, corra con los gastos de atención a la víctima en que haya incurrido la Administración autonómica.

Otra de las novedades es que se creará un Fondo de Emergencia para atender con carácter urgente a las necesidades económicas básicas de una mujer, derivadas de la ruptura familiar ocasionada por la violencia.