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La Junta de Fiscales decanos apoya el archivo del 'caso Bono'

Nueve de los 12 convocados afirman que no hubo detención ilegal ni falsedad documental

La Junta de Fiscales decanos de Madrid, convocada por el fiscal jefe, Manuel María Moix, aprobó por 9 votos a 3 pedir el archivo de las diligencias abiertas por el juez Carlos Valle contra los policías que tomaron declaración a dos militantes del PP sobre su eventual participación en la agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación de la AVT celebrada en Madrid el 22 de enero pasado. Los fiscales decanos no ven indicios de delito en la actuación policial.

En los próximos días, el Ministerio Fiscal pedirá formalmente al juez de instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, el archivo de las diligencias abiertas contra dos inspectores y un comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid, al entender que no cabe apreciar la existencia de los delitos de detención ilegal ni de falsedad del atestado policial, según fuentes fiscales.

Así lo ha apreciado la Junta de Fiscales decanos de destacamento de Madrid, integrada por 12 fiscales, por "abrumadora mayoría de 9 a 3", según las fuentes informantes.

La posición oficial de la fiscalía fue sometida a la Junta de Decanos por el fiscal jefe de Madrid, Manuel María Moix, a la vista del cariz que tomaron unas actuaciones que no se esperaba que llegaran a concluir en la imputación formal de los tres agentes denunciados por el Partido Popular.

En el trasfondo de la convocatoria figura también la actuación de la fiscal María José Campos, en las diligencias abiertas por el juez Carlos Valle, según diversas fuentes fiscales consultadas.

María José Campos está casada con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el PP, Manuel Lamela, -que mantiene abierto un frente judicial sobre las presuntas sedaciones paliativas en el Hospital de Leganés-, y está adscrita como fiscal al Juzgado de Instrucción número 14, en el que recayó la denuncia del secretario general del PP de Madrid y consejero de la Presidencia, Francisco Granados, y de los militantes del PP de Las Rozas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz contra los policías que les tomaron declaración.

Al ser la fiscal adscrita al juzgado, se esperaba que, tras las primeras diligencias de trámite, Campos solicitase ser relevada del asunto. Más allá de un deber de abstención en sentido estricto, las fuentes consultadas señalaron que el vínculo matrimonial de la fiscal con un alto cargo del PP de Madrid se veía como "dudosamente compatible" con su actuación profesional en un asunto cuyo promotor y denunciante era otro alto cargo del PP de Madrid, Francisco Granados, y que además contaba con el respaldo de toda la organización nacional del partido.

Estuvo en la manifestación

Además, aunque la fiscal María José Campos alegó que "no estaba casada con el PP", fuentes fiscales aseguraron que fue precisamente ella quien acudió, acompañada de su marido, a la manifestación de la AVT el 22 de enero, en la que fue agredido el ministro de Defensa, José Bono, tal como pudieron constatar otros fiscales presentes en la misma y como la propia fiscal comentó con algunos compañeros.

Así, tanto su asistencia a la manifestación como su vínculo con Lamela, empezaron a verse, sobre todo en medios policiales, como dudosamente compatibles con "las apariencias" que, además del deber de imparcialidad, debe observar la Fiscalía. En consecuencia, el fiscal jefe de Madrid acabó pidiéndole explícitamente que solicitara ser relevada del caso; a lo que Campos accedió, no sin dejar patente su disconformidad con el criterio del fiscal jefe.

Las diligencias del Juzgado número 14 fueron encomendadas a una de las fiscales decanas de lo penal, que tras estudiar todo el caso, informó de que, en su opinión, no existía ningún delito en la actuación de los policías. Sin embargo, el fiscal jefe Moix, para evitar más controversias, decidió someter el caso a la Junta de Fiscales decanos, un organismo eminentemente técnico integrado por una docena de jefes de los principales destacamentos de la Fiscalía de Madrid (económicos, de vigilancia penitenciaria, fiscalías como Móstoles o Alcalá de Henares, etcétera). El resultado fue el respaldo de 9 de los 12 integrantes de la Junta al criterio del fiscal jefe, de apreciar la inexistencia de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento oficial. La petición de archivo de las actuaciones se formalizará ante el Juzgado número 14 en los próximos días. Por otra parte, la fiscalía no impugnará el archivo de la denuncia por agresión a Bono decidida el pasado viernes por el juez de instrucción 42, Agustín Morales, al no haberse identificados a los autores de la agresión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de junio de 2005