Una nueva ley obligará a instalar paneles solares en todas las viviendas nuevas

Placas solares que calientan el agua de las casas, autobuses urbanos que usan combustibles creados con grasas y alcoholes vegetales o calefacciones alimentadas con restos forestales. La nueva ley de fomento de las energías renovables que prepara la Consejería de Innovación quiere generalizar en Andalucía el uso de fuentes alternativas a los derivados del petróleo. Una apuesta que le llevará a usar esa ley para obligar a que todas las nuevas viviendas que se construyan tras su aprobación instalen paneles solares térmicos.

Las administraciones han ideado en los últimos años diversas líneas de subvención, con financiación europea, para impulsar las instalaciones que generan energía a partir de fuentes renovables (agua, viento, sol, biomasa) en el ámbito doméstico. El más exitoso ha sido el programa Prosol, de la Consejería de Innovación, que en varias ocasiones se ha quedado sin fondos presupuestarios para atender las solicitudes de ayudas públicas a la instalación de placas solares en viviendas. Andalucía supera los 250.000 metros cuadrados de paneles para calentar agua y el plan energético autonómico se ha fijado como objetivo superar los 400.000 metros cuadrados a finales de 2006. Unas cifras que sitúan a la comunidad a la cabeza de España pero aún muy lejos de otros países con una irradiación solar mucho menor, como Alemania o Austria.

El consejero de Innovación, Francisco Vallejo, hizo referencia varias veces a Alemania como el modelo que inspira la nueva Ley de Fomento de las Energías Renovables y el Ahorro energético, cuyo anteproyecto fue presentado ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta. A partir de esa ley, Innovación optará por un instrumento mucho más radical para fomentar el uso de energías renovables. En el caso de los paneles solares térmicos, obligará a su instalación en todas las viviendas nuevas que se construyan a partir de la aprobación parlamentaria de la ley (previsiblemente, en 2006). Una obligación que se extenderá a todos los edificios de la Junta ya construidos, que tendrán un periodo de siete años para adaptar sus sistemas de calentamiento de agua al uso de paneles solares. Lo que no está claro aún es si habrá subvenciones para costear la obligada instalación de paneles solares en viviendas particulares. "Habrá que adaptar los presupuestos y los programas a la nueva realidad", indicó en conferencia de prensa Vallejo, quien advirtió de que la ley es un "texto de mínimos" que requerirá la redacción de "15 decretos" para su desarrollo.

Primacía de las renovables

Otro de esos aspectos que habrá que desarrollar será el fomento de biocarburantes (diésel fabricado a partir de grasas vegetales o aditivos creados con alcoholes vegetales que se mezclan con gasolina), en el que la Junta también quiere establecer su uso obligatorio. Según el borrador presentado ayer (la estimación de Innovación es que el Consejo de Gobierno remita el proyecto al Parlamento en noviembre), un reglamento determinará en qué proporciones será obligatorio el uso de biocarburantes en "flotas de vehículos de transporte público, maquinaria agrícola y actividades pesqueras, transporte marítimo y actividades náuticas". Esta demanda forzada apuntalará los incipientes proyectos empresariales que aprovecharán cultivos energéticos en Andalucía para elaborar estos combustibles.

El texto también blinda la "primacía" de las energías renovables sobre las fuentes convencionales. Una superioridad que no sólo se trasladará a dar prioridad a ese tipo de instalaciones en el acceso a las redes de transporte de energía. También se consideran de "utilidad pública" para justificar cualquier procedimiento expropiatorio, los terrenos o activos necesarios para desplegar ese tipo de instalaciones. Más aún, la Junta pretende que, a igualdad de condiciones técnicas, los distribuidores eléctricos se vean obligados a comprar la energía generada por instalaciones de renovables (normalmente eólica) antes que a centrales convencionales, siempre que se compre electricidad de instalaciones andaluzas. "Nuestros informes jurídicos aseguran que tenemos competencias para eso", matizó Vallejo, quien aplazó al desarrollo reglamentario cualquier otra indicación de cómo se articulará en el mercado eléctrico (regulado por un operador público nacional) esa primacía.

En cuanto a las medidas de ahorro y eficiencia energética, destaca la obligación de que determinados "centros de consumo" (normalmente empresas o industrias) se exigirá la obtención de un certificado en el que se establecerán los requisitos energéticos que debe cumplir un edificio o instalación. Ese certificado establecerá un índice de eficiencia del consumo energético. La ley considerará infracción muy grave que el consumo energético lleve a duplicar el índice fijado, lo que podrá ser sancionado con hasta 300.000 euros.