Oposición mayoritaria de la judicatura

La mayoría del poder judicial y dos de las tres asociaciaciones se oponen a que quienes impartan la justicia de proximidad sean licenciados en derecho y no jueces. Este sector mayoritario y conservador de la magistratura también se declara contrario al sistema de nombramiento de los jueces de proximidad, aunque sus opiniones muestran un gran desconocimiento del procedimiento que se empleará.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, asegura que es partidaria de la justicia de proximidad y de que a los nuevos juzgados se le otorguen competencias en pleitos administrativos, civiles y penales de poca entidad. A su juicio, el asunto más importante es "quiénes y cómo ejercerán de jueces". En su opinión, la discusión no es si esas personas son jueces o no, sino si en el futuro deberían acceder a la carrera judicial y superar una oposición similar a la del llamado cuarto turno, reservado a juristas con un mínimo de 10 años de experiencia.

Alegret, que pertenece a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), reclama que sea el Consejo General del Poder Judicial el que designe a estos jueces y plantea la incompatibilidad de que un organismo como el Ayuntamiento de Barcelona "designe" a jueces a los que podría corresponderles revisar actos administrativos de esa corporación. La presidenta del TSJC opina que si finalmente se opta por personas ajenas a la carrera judicial, se limite su mandato y no se les pueda prorrogar.

Por el contrario, la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, tiene planteamientos muy distintos a los de Alegret. La decana afirma que el proyecto de justicia de proximidad es una buena iniciativa "que aliviaría los asuntos de pequeña cuantía y de menor envergadura de los juzgados" que generan tanto trasiego de diligencias.

Sanahuja, que pertenece a la asociación progresista y minoritaria Jueces para la Democracia (JpD), va más allá del proyecto que se está debatiendo y considera que "la verdadera justicia de proximidad pasa por una fuerte inversión en medios tecnológicos para igualarnos a algunos países europeos". Esa equiparación, sostiene la decana de Barcelona, pasa porque se puedan plantear por Internet las reclamaciones de deuda de cantidad que tramitan los juzgados civiles.

Gregorio Callejo, coordinador territorial para Cataluña de JpD, considera que las críticas que se hacen a la propuesta de justicia municipal "no tienen ningún sentido" y que los argumentos que se utilizan para oponerse "no son sólidos". Callejo cree que el hecho de que los jueces de proximidad no pertenezcan a la carrera judicial no es ningún obstáculo para que ejerzan ni supone un quebrantamiento de lo que los juristas denominan "principio de unidad jurisdiccional". Existen excepciones a ese principio, añade Callejo, y recuerda el caso de los jueces de paz, que son designados por los ayuntamientos, o bien el de algunos magistrados que forman parte de los tribunales militares, a los que tampoco nombra el Consejo General del Poder Judicial.

Con todo, la sensibilidad hacia la justicia de proximidad entre los jueces progresistas tampoco es la misma en Cataluña que fuera de aquí. Concepción Sotorra, de la asociación Francisco de Vitoria, coincide con Alegret en que, como planteamiento inicial, la justicia de proximidad es positiva porque supone recuperar los antiguos juzgados de distrito y resolver las infracciones y las faltas penales. Sin embargo, Sotorra precisa que lo más criticable es que sea el Ayuntamiento de Barcelona el que decida qué tipos de juzgados se crearán y cuántos.

Esta magistrada opina que la selección de los jueces de proximidad debería ser idéntica a la empleada en el resto de jurisdicciones, por lo que rechaza el planteamiento de que se elijan "jueces de libre designación y no profesionales" para garantizar la unidad de la carrera judicial.