Los candidatos a decano reclaman que se regule y limite el acceso a la abogacía

Los siete candidatos que aspiran al decanato del Colegio de Abogados de Barcelona coinciden, con matices, en que es necesario y urgente regular el acceso a la profesión y limitar su ejercicio como única forma de controlar las riadas de licenciados que anualmente salen de las facultades de Derecho y que, con la legislación actual, pueden empezar a ejercer al día siguiente de colegiarse. Los aspirantes coincidieron también el pasado viernes en el debate de Aula EL PAÍS en que esa masificación es uno de los motivos por los que el abogado ha perdido el prestigio social que tuvo años atrás.

En Barcelona hay colegiados 14.000 abogados ejercientes y otros 4.000 no ejercientes, los mismos que en París, aunque en la capital francesa la población es superior en 700.000 personas. Por no hablar de Madrid, donde ejercen 31.384 abogados, una tercera parte de todos los que trabajan en Inglaterra y Gales. Las cifras muestran un panorama bastante desolador.

"La abogacía es una profesión esencial en un estado de Derecho y vivimos un momento crítico en el que el que pierde es el ciudadano, porque se está deteriorando el derecho de defensa", aseguró el penalista Francesc Jufresa, de 51 años y uno de los siete candidatos a decano en las elecciones del próximo día 29 que servirán para elegir también al vicedecano, al secretario y a 8 de los 17 diputados de la junta.

"La profesión debe dignificarse, porque el abogado no es más que nadie, pero tampoco menos", precisó Luis del Castillo, de 71 años, también abogado penalista. "Nos tenemos que volver a ganar el respeto de los jueces", apostilló Joaquim de Miquel, de 45 años especializado en derecho matrimonial. "Como colectivo no defendemos nuestros intereses", afirmó Sílvia Giménez-Salinas, de 44 años y especializada en derecho de familia. Si los candidatos coinciden en el diagnóstico del mal que aqueja la profesión, ¿cuál debe ser el tratamiento?

La fórmula no es sencilla para ninguno, pero pasa por combatir el intrusismo profesional, en opinión de Albert Sala, de 55 años y especializado en derecho concursal. "¡Ya basta de la competencia de los graduados sociales o de entidades que por 50 euros ofrecen asesoramiento legal todo el año", afirmó. "Necesitamos un colegio fuerte, democrático, que proteja a los abogados jóvenes y a los veteranos y que se encare con la Administración si es necesario para garantizar el derecho de defensa", asegura Santiago Montaner, de 51 años. "Hay que regular el acceso a la profesión, la pasantía ha de ser digna y remunerada y el turno de oficio ha de aumentarse el 50%", propuso Lluís Sentís, de 59 años y adscrito al turno de oficio.

El Colegio de Abogados, dicen los candidatos, puede intervenir decididamente para mejorar la situación actual. "El colegio ha hecho un negocio de nuestras necesidades y debe ofrecer una formación continuada y entenderse con todas las instituciones, desde el Departamento de Justicia a la fiscalía", asegura Giménez-Salinas. "Necesitamos una bolsa de trabajo que no sea un atentado a la dignidad, que se aparque el gasto inútil, que haya transparencia máxima", asegura Montaner.

Aprender el oficio

De Miquel, por su parte, reivindica "que el oficio se enseñe en el Colegio, no en la universidad, a través de la Escuela de Prácticas Jurídicas, de la formación continuada de las comisiones y de los masters especializados". "Los fondos han de administrarse bien y los abogados jóvenes han de encontrar el apoyo del colegio", propone Del Castillo. "Es inadmisible que el Colegio no haya opinado ni debatido el anteproyecto de ley para regular el acceso a la abogacía que prepara el Gobierno y que para consultarlo haya que acudir a la web de Jueces para la Democracia porque no aparece en la del Colegio de Barcelona", afirma Sala.

Jufresa asegura que el deterioro de la profesión de abogado es una preocupación ciudadana, no corportiva, y que prueba de ello son las "mafias" que visitan, no ya las puertas de los hospitales en busca de clientes, sino las habitaciones para hablar con los familiares. Sentís, por su parte, propone, como idea, que la designa de procurador sea opcional y no obligatoria, como ahora.