La pesadilla de Gabriela
Rechazada la regularización de la inmigrante boliviana que retornó por orden judicial
La pesadilla de Gabriela Queteguari, la joven boliviana que fue expulsada de manera irregular de España y a la que una juez ordenó que retornara a cargo del Estado, no termina. Ahora la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa ha rechazado su regularización. Dice que la documentación presentada "no acredita fehacientemente" que estuviera empadronada en territorio español con anterioridad al 8 de agosto de 2004, condición exigida por el Gobierno para la regularización por motivos de trabajo.
El abogado de la joven, Iñaki Almandoz, presentará la próxima semana un recurso de reposición ante la misma Subdelegación, alegando que se está "contradiciendo" con actuaciones anteriores en las que reconoce tácitamente que Queteguari estaba en Guipúzcoa antes de aquella fecha. La joven fue expulsada en noviembre de 2004, después de que la Policía le abriera un expediente en septiembre por haber rebasado el plazo de tres meses que podía permanecer en España, donde entró en abril de ese mismo año para asistir a la boda de su hermana en Irún.
La expulsión se realizó sin notificarla a tiempo a su abogado, quien no tuvo, por tanto, posibilidad de tratar de suspenderla. El letrado recurrió la repatriación y una juez ordenó la devolución de Queteguari para evitar que se viera afectada en su pretensión de regularizar su situación en España, pues había empezado a trabajar en Hondarribia y su empleadora quería contratarla.
Gabriela regresó a Hondarribia el pasado mes de abril y tramitó con éxito su empadronamiento por omisión en el Ayuntamiento de esta localidad. Para ello se sirvió de la documentación oficial elaborada para su expulsión y de la resolución judicial que ordenaba su devolución, en las que constaba su entrada en España en abril de 2004. Pese a ello, la Subdelegación le deniega el permiso de residencia y trabajo solicitada por su empleadora.
[El Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao ha declarado improcedente el despido de una trabajadora inmigrante sin contrato y ha condenado a la empresa a readmitir a la mujer o indemnizarle con 980 euros].
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