Clos logra el apoyo de CiU al borrador de la Carta de Barcelona

Acuerdo a cuatro bandas en el Ayuntamiento de Barcelona con el borrador de la Carta Municipal. El tripartito municipal del PSC, ERC e ICV y Convergència i Unió llegaron a un consenso sobre el borrador de la ley de Barcelona que salió del acuerdo alcanzado hace dos semanas entre las Administraciones central, autónoma y municipal. Un texto en el que se han introducido enmiendas y del que ha saltado la concreción del modelo de justicia de proximidad para recogerlo en un convenio con el Ministerio de Justicia. El PP no se sumó al acuerdo.

Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el consistorio barcelonés, no quiso precisar cuál será su postura final en el pleno extraordinario que se celebrará hoy en el Ayuntamiento. No aclaró si se abstendrá o votará en contra. Su rechazo al acuerdo alcanzado se basa en que considera que es una "carta de rebajas", que depende en gran medida del nuevo Estatuto y que tiene un corte "nacionalista". En referencia al catalán, claro.

Por tanto, Fernández Díaz fue el único que no compareció en uno de los salones del consistorio en el que se escenificó el acuerdo entre socialistas, republicanos, ecosocialistas y convergentes. Una comparecencia inusual en los últimos tiempos, en los que CiU ha ejercido una oposición frontal a la acción de gobierno del alcalde de Barcelona, Joan Clos.

El líder del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, dejó claro que uno de los principales motivos de su oposición inicial al borrador era que del articulado se desprendía que el Gobierno central iba a ejercer una tutela excesiva sobre la ciudad: "Somos firmes defensores del Estatuto y creemos que si a alguien le corresponde ejercer una tutela sobre la capital de Cataluña es a la Generalitat, a nadie más". La principal enmienda introducida por CiU al texto se refiere a la financiación. En uno de los anexos, la Carta Municipal preveía revisar los mecanismos de financiación del consistorio con posterioridad al nuevo sistema. Se refería, sin citarlo, al nuevo Estatuto. A propuesta de CiU se incorpora la precisión de que esa revisión suponga participar "en los impuestos cedidos en la cuantía en que se determine", dejando claro que corresponderá a la Generalitat negociarlo con el consistorio y no al Gobierno central. Parecida salvedad se introdujo en el artículo 54 del borrador de la ley sobre la participación de Barcelona en los tributos del Estado.

A expensas de reformas futuras, la financiación de Barcelona que lleva acompañada la Carta se ciñe a la firma de convenios finalistas que reconocen el gasto de capitalidad en equipamientos culturales -con un coste calculado en unos 22 millones de euros anuales-, en el transporte metropolitano y en lo que suponga la implantación de la justicia de proximidad. En total, entre 50 y 60 millones de euros anuales, cuando se haya implantado en su totalidad. Precisamente, una de las partes más importantes de la Carta, la justicia de proximidad, se ha modificado, en el sentido de que el borrador de la ley la presenta en dos artículos y de que ha desaparecido la concreción que desarrollaba el articulado, como el sistema de selección de los jueces y competencias. Esto lo concretará finalmente la Ley de Justicia de Proximidad que prepara el Gobierno y que se ha comprometido a tramitar en paralelo a la ley de Barcelona, según palabras de Clos. El compromiso de respetar el modelo de justicia que quiere Barcelona se recogerá en un convenio que se firmará con el Ministerio de Justicia, aclaró el alcalde de la ciudad. Al ser preguntado sobre las garantías que existen de que, por ejemplo, se mantenga que los jueces sean licenciados en derecho con experiencia, pero no jueces de carrera, Clos reconoció que más allá del compromiso político no había más. Esa es una de las cuestiones que más reticencias levanta en la carrera judicial.