Clos logra el apoyo de CiU al borrador de la Carta de Barcelona

Acuerdo a cuatro bandas en el Ayuntamiento de Barcelona con el borrador de la Carta Municipal. El tripartito municipal (PSC, ERC e ICV) y Convergència i Unió (CiU) llegaron a un consenso sobre el borrador de la Ley de Barcelona que salió del acuerdo alcanzado hace dos semanas por las tres administraciones: Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, un texto en el que se han introducido enmiendas y del que ha saltado la concreción del modelo de justicia de proximidad para recogerlo en un convenio con el Ministerio de Justicia. El PP no se sumó al acuerdo.

Sin embargo, Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el consistorio barcelonés, no quiso precisar cuál será su postura final en el pleno extraordinario que se celebrará hoy en el Ayuntamiento con la Carta Municipal como tema único. Y no aclaró si se abstendrá o votará en contra. Negó que su postura pueda estar mediatizada por la coyuntura electoral en Galicia, en el sentido de que su formación tenga que desmarcarse de cualquier tipo de acuerdo con otros partidos políticos. Fernández Díaz votó a favor de la Ley de Barcelona cuando fue aprobada en 1997 por el Ayuntamiento de Barcelona. El presidente del Grupo Popular en el consistorio argumentó que se opone al texto actual porque considera que es una "carta de rebajas", que depende en gran medida del nuevo Estatut y que tiene un corte "nacionalista".

Por tanto, Fernández Díaz fue el único que no compareció en el salón del consistorio en el que se escenificó el acuerdo entre socialistas, republicanos, ecosocialistas y convergentes en algo parecido a una foto de familia. Una inusual comparecencia en los últimos tiempos, en los que CiU ha ejercido una oposición frontal a la acción de gobierno del alcalde de Barcelona, Joan Clos.

El líder del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, dejó claro que en el caso de la Ley de Barcelona su grupo ha intentado llegar al acuerdo porque se trata de "algo muy importante", tanto como para que CiU no se quede al margen.

Trias aclaró que uno de los principales motivos de su oposición inicial al borrador era que del articulado se desprendía que el Gobierno central iba a ejercer una tutela excesiva sobre la ciudad. "Somos firmes defensores del Estatut y creemos que si a alguien le corresponde ejercer una tutela sobre la capital de Cataluña es a la Generalitat, a nadie más", añadió.

Las principales enmiendas que planteó CiU fueron la relativa a que la ley reconociera la capitalidad de Barcelona, algo que según el tripartito municipal ya se recogía pero que se ha precisado literalmente en el primer artículo, y la referente a la financiación.En uno de los anexos, la Carta preveía revisar los mecanismos de financiación del consistorio con posterioridad "al nuevo sistema". Se refería, sin citarlo, al nuevo Estatut. A propuesta de CiU, se incorpora la precisión de que esa revisión suponga participar "en los impuestos cedidos en la cuantía en que se determine", dejando claro que corresponderá a la Generalitat negociarlo con el consistorio, y no al Gobierno central. Parecida salvedad se introdujo en el artículo 54 del borrador de la ley sobre la participación de Barcelona en los tributos del Estado.

A expensas de reformas futuras, la financiación de Barcelona que lleva aparejada la Carta se ciñe, además de al marco regulado por la Ley de Haciendas Locales, a la firma de convenios finalistas que reconocen el gasto de capitalidad en equipamientos culturales -con un coste calculado en unos 22 millones de euros anuales-, en el transporte metropolitano y en lo que suponga la implantación de la justicia de proximidad. En total, entre 50 y 60 millones de euros anuales cuando se haya implantado en su totalidad, según puntualizó ayer el edil José Cuervo, el principal negociador de la Carta del Ayuntamiento de Barcelona.

Precisamente, una de las partes más importantes de la Carta, la justicia de proximidad, se ha modificado. Del borrador de la ley que salió de la reunión que celebraron hace dos semanas el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y el alcalde, sólo se mantienen dos artículos de presentación del concepto. De aquel texto ha caído la concreción que desarrollaba el articulado, cuestiones como el sistema de selección de los jueces y las competencias. Algo que finalmente concretará la Ley de Justicia de Proximidad que prepara el Gobierno, que se ha comprometido a tramitarla en paralelo a la Ley de Barcelona, según palabras de Clos. El compromiso de respetar el modelo de justicia que quiere Barcelona se recogerá en un convenio que se firmará con el Ministerio de Justicia, según aclaró Clos. Al preguntársele qué garantías hay de que, por ejemplo, se mantenga que los jueces sean licenciados en Derecho con experiencia, pero no jueces de carrera, Cuervo reconoció que más allá del compromiso político no había más y ésa es una de las cuestiones que más sarpullidos levantan en la carrera judicial.