El autor del PGOU rechaza "suburbios de 45.000 habitantes" como Rabassa
Cantallops rechaza "suburbios de 45.000 habitantes" y el promotor niega que sea un gueto
El redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el arquitecto Lluís Cantallops, advirtió ayer en un debate de que la "intención de crear, de una tacada, un nuevo suburbio con capacidad para 45.000 habitantes puede convertirse en un error importantísimo". Así se refirió al plan de Rabassa -urbanización de 4,5 millones de metros cuadrados con 15.000 viviendas- que el Ayuntamiento, con los votos del PP y el PSPV, ha aprobado al margen del PGOU. El Ayuntamiento justificó el plan para crear 8.000 viviendas protegidas y el promotor negó que sea un gueto.
La mayoría de los asistentes se manifestó en contra del plan urbanístico
La ciudad de Alicante acogió anoche el mayor debate urbanístico de su historia reciente, a propósito de la controvertida aprobación del plan de Rabassa. En una mesa redonda, arquitectos urbanistas, promotores y técnicos municipales polemizaron sobre un proyecto que ha generado graves tensiones en el Ayuntamiento y en los principales partidos políticos de la ciudad, hasta el punto de influir de forma determinante en la dimisión del secretario local del PSPV, Juan Antonio Román, presente en el debate.
La mesa redonda se concibió con un plantel equilibrado: tres defensores del plan (promotor, redactor y técnico municipal) frente a otros tantos detractores (arquitectos y urbanistas), y ante un público, unas 300 personas, inclinado en su mayoría de antemano en contra de la actuación. Para los arquitectos
el tamaño del plan sí importa. "La ciudad necesita complejidad, no es un almacén de casas", dijo Cantallops.
El urbanista fue aplaudido por el público cuando sutilmente criticó al alcalde: "¿Quién hace la ciudad?, quien puede, y quien puede tiene todo el poder si nadie lo acota".
José Bernabé, representante del urbanizador (la mercantil Viviendas Sociales, SL, del grupo Ortiz, la CAM y Hormigones Martínez) basó su defensa del proyecto de urbanización de Rabassa en la bonanza de los parámetros socio-urbanísticos (cesiones de zonas verdes, viales y equipamientos para infraestructuras), a su juicio, más rentables para la ciudad que los establecidos en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y justificó la adjudicación del plan al margen de la revisión del planeamiento en la "lentitud" de la fómula contraria y "la falta de garantías de que las infraestructuras hubieran estado ejecutadas antes de la construcción de las viviendas". Bernabé mostró su "extrañeza" por la polémica que ha levantado el programa urbanístico tras su adjudicación, "cuando la iniciativa se planteó en 2000, y entonces sólo se presentaron 18 alegaciones". El técnico del grupo Ortiz aseguró que la iniciativa partió con el respaldo del 23% de los propietarios, porcentaje que, tras las alegaciones, se elevó al 80%. Bernabé defendió su alternativa, desde el punto de vista de integración del territorio, de conexión de la red viaria, del medio ambiente ("las lagunas se protegen y, además, pasan a titularidad pública") y de infraestructuras básicas -nuevos depósitos de agua y conduccciones, nueva subestación eléctrica y red para el tratamiento de aguas residuales-. En cuanto a las viviendas de protección oficial, el portavoz del urbanizador descartó que se vaya a producir un gueto con las nuevas 8.000 casas, "porque estarán distribuidas y mezcladas con las de renta libre en las distintas manzanas de la urbanización", precisó. Y, por último, Bernabé resaltó la baja densidad de la edificabilidad, "30 viviendas por hectárea; en los primeros años de desarrollo del vigente PGOU la cifra era de 100 casas por hectárea".
El redactor del Plan de Rabassa, el arquitecto Fernando Pérez Segura, fue el más escueto en su intervención. El técnico aseguró que su equipo se limitó a redactar una alternativa, finalmente elegida por el Ayuntamiento, desde los parámetros de integración del territorio y protección medioambiental. Pérez Segura puntualizó que "aunque todo es opinable, el debate sobre el plan tiene más connotaciones sociales, que estrictamente urbanísticas".
Por su parte, el catedrático de Urbanística José Ramón Vera rechazó la iniciativa porque, a su juicio, es contradictoria con un modelo de "crecimiento urbano sostenible y de calidad". En definitiva, el catedrático, con un lenguaje excesivamente teórico, cuestionó el proyecto, por ser "una entrega más del modelo de crecimiento urbano del promotor".
El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enric Sanus, lamentó que sólo se hablara de la propuesta y no de las obligaciones correctoras que impone el Consistorio. El técnico municipal justificó que el plan se aprobara al margen del PGOU ante la urgencia de disponer de viviendas protegidas. El arquitecto Carles Gascó aseguró que es muy fácil escapar de la controversia: "Sólo hay que aplicar las normas con rigor, porque en las normas está el sentido común", dijo. Gascó criticó que se estén desarrollando nuevos planes pese a la importante cantidad de suelo urbanizable existente.
Urbanismo a pie de calle
La polémica adjudicación del programa urbanístico más ambicioso de la historia de Alicante -15.000 viviendas en el sector de las Lagunas de Rabassa- ha despertado la conciencia ciudadana en torno al modelo de crecimiento urbano necesario. El salón de acto del Colegio de Arquitectos de Alicante fue testigo ayer de esta inusual vocación de los vecinos por el urbanismo. Unas 300 personas, en representación de diferentes colectivos sociales, partidos políticos -todos salvo el PP, en el gobierno local con mayoría absoluta- y sindicatos, abarrotaron el local para escuchar, primero, la opinión de los expertos y responsables de la iniciativa y luego dejar patente su parecer.
El encuentro, iniciativa de la Universidad de Alicante y el Colegio de Arquitecto, reunió a Fernando Pérez Segura, arquitecto y redactor del Plan de Rabassa; Lluís Cantallops, arquitecto y redactor de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante; José Ramón Navarro Vera, catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante; Enric Sanús, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante; José Bernabé, director de gestión de suelo y representante del urbanizador del PAI (una firma del promotor Enrique Ortiz), y Carles Gascó, del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Y frente a ellos, el estamento político y la sociedad civil. El primero lo integraban el grupo municipal socialista, la edil de EU y líderes de otras formaciones, como Antoni Arqués, del Bloc. El segundo grueso del público lo conformaban mayoritariamente profesores universitarios y arquitectos y, junto a ellos, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante, Ricardo Ferrer; el líder CC OO, José de la Casa; el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, y de los pequeños propietarios del suelo.
El interés cívico por el plan de Rabassa lo constata otro dato: 400 personas -la mayoría profesionales liberales- ha firmado ya el Manifiesto por la Dignidad de Alicante.
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