La ley que permite a la Junta asumir funciones municipales pasa su primer trámite parlamentario

El proyecto de ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que incorpora la posibilidad de que la Junta asuma las competencias urbanísticas de los ayuntamientos que incurran en "incumplimientos graves", superó ayer su primer trámite parlamentario. El pleno rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida, con la abstención del PP y el voto contrario a la devolución del proyecto del PSOE y de los andalucistas. La ley incluye medidas para tratar de fomentar la construcción de viviendas protegidas y evitar el fraude en su adquisición y uso.

En la presentación del proyecto, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, quien subrayó que la futura norma ha sido ampliamente discutida con el sector afectado, destacó como novedad relevante la ampliación a todos los municipios de la obligación de reservar al menos el 30% de los nuevos suelos residenciales para destinarlos a vivienda protegida, precepto que en la actualidad sólo afecta a las poblaciones de más de 20.000 habitantes.

El proyecto establece la posibilidad de que la Junta asuma las competencias de planeamiento urbanístico cuando los ayuntamientos incurran en "incumplimientos graves", previa audiencia del Consejo Consultivo y del Parlamento de Andalucía. La atribución se limitará a reestablecer la legalidad conculcada y en ningún caso podrá ser superior a un plazo de cinco años.

La ley prevé la creación de un cuerpo de inspección en estas materias, con un nuevo régimen disciplinario, cuyas sanciones económicas oscilarán entre los 600 y 2.999 euros, para las infracciones leves; entre 3.000 y 6.000 para las graves; y entre 6.000 y 120.000, para la muy graves. En el ámbito sancionador se incorpora como innovación el recurso de expropiación forzosa de las casas de VPO cuando se destinen a usos no autorizados o cuando un mismo propietario utilice más de una vivienda protegida (hasta ahora estas infracciones están castigadas únicamente con sanciones administrativas).

También se creará la figura de los patrimonios públicos de suelo y se habilitará a las administraciones para realizar proyectos de interés autonómico en cualquier tipo de terreno, independientemente de su calificación, siempre con la aprobación del Consejo de Gobierno. El defensa de la enmienda a la totalidad, el portavoz de Izquierda Unida, Ignacio García, dijo que el proyecto supone una "oportunidad perdida" porque, a su juicio, no aporta nada nuevo y se limita a tapar las carencias y agujeros en la gestión de los sucesivos gobiernos socialistas. García señaló que la futura ley no resolverá los problemas de la vivienda, supone una excesiva carga burocrática y de "papeleo" de difícil cumplimiento, y carece de una memoria económica. "Lo conveniente es que se hubiera desarrollado los reglamentos de Ley del Suelo (LOUA) y no modificar 32 artículos", aspotilló.

García criticó también el mecanismo de intervención excepcional en el urbanismo de los ayuntamientos que incumplan las normas porque "supone una auténtica agresión contra la autonomía municipal".

Lo mismo dijo a este respecto el portavoz del PP, Jorge Ramos, quien propuso "tasar con precisión" los casos en los que se podrá retirar las competencia, durante el trámite de las enmiendas parciales. "Es inaceptable y un ataque frontal a la consagrada autonomía municipal", dijo.

Ramos criticó el fracaso que, en su opinión, han supuesto los planes de vivienda de la Junta, ya que, dijo, en el último bienio (2003-2005) se han dejado de hacer 22.843 casas y el incremento de los precios ha sido espectacular. Según el PP, la tramitación de la ley de Vivienda Protegida y Suelo, que llamó "híbrido", significa un fracaso de la LOUA, a la que este partido votó de forma contraria, y lo más conveniente sería reformar esta ley y no incluir las necesarias modificaciones a través de otras leyes.

Jorge Ramos afirmó que a los ayuntamientos, técnicos y promotores nos les gusta porque "han metido mucha prisa y les ha faltado rigor".

Por su parte, la portavoz del PA, Pilar González, anunció su apoyo a la ley para evitar más retrasos, aunque criticó la "ambigüedad" del texto y puso en cuestión la eficacia de las medidas que dicta.