Operación del Ejército de México en ocho ciudades contra el narcotráfico

El Gobierno mexicano ha ordenado el despliegue de más de un millar de efectivos de fuerzas especiales del Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP) en ocho ciudades para combatir las violentas embestidas del narcotráfico, que ha causado 591 muertes en lo que va de año, y ante la connivencia de algunos cuerpos policiales con el crimen organizado.

El portavoz gubernamental, Rubén Aguilar, anunció ayer que el operativo México Seguro se extenderá a otros Estados, aunque no precisó cuáles. Estas medidas excepcionales son la respuesta oficial al enfrentamiento a tiros entre cuerpos policiales el sábado pasado en Nuevo Laredo (Tamaulipas).

Patrullajes, retenes militares, registros en viviendas y locales públicos, y vigilancia en colonias, calles y carreteras han alterado el aspecto de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, en el Estado de Tamaulipas; Culiacán, Navolato y Mazatlán (Sinaloa), y Tijuana y Mexicali (Baja California), en las que los muertos se cuentan por centenares en lo que va de año. Rubén Aguilar negó que el operativo ordenado por el presidente Vicente Fox implique una militarización de la región fronteriza ni la suspensión de garantías individuales.

Algunas voces señalan que las autoridades están rebasadas por el crimen organizado

El Gobierno rechaza las acusaciones de que la situación se le ha ido de las manos, pero el portavoz presidencial reconoció que cuerpos policiales en algunos Estados del norte han sido penetrados por el narcotráfico, y anunció una depuración de los mismos. El más claro ejemplo es Nuevo Laredo, fronteriza con Tejas, donde los 720 agentes de la Policía Municipal han sido apartados de sus cargos y están siendo investigados, después del grave incidente del sábado. La fiscalía ha confirmado que al menos 13 de estos policías tienen antecedentes penales.

No son sólo los ajustes de cuentas entre bandas rivales, arreglos a sangre y fuego por pasarse de la raya en el negocio de la droga o enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado. El contingente de 26 miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), recién llegado a Nuevo Laredo desde Ciudad de México para reforzar la lucha contra el narcotráfico, fue interceptado y tiroteado por agentes de la Policía Municipal cuando se dirigía desde el aeropuerto a las instalaciones de la fiscalía. Resultado: un herido grave, 41 municipales detenidos y trasladados al Distrito Federal para ser interrogados, y todos los integrantes de este cuerpo acuartelados.

Las versiones son contradictorias, pero el caso revela la descomposición de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, que estaba sin mando desde que los dos últimos jefes fueran asesinados en una semana. El último, Alejandro Domínguez, fue acribillado el miércoles pasado, siete horas después de asumir el cargo. La fiscalía sospecha que algunos de los policías municipales que agredieron a los agentes de la AFI podrían tener vínculos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

"Los hechos violentos que estamos presenciando no tienen precedente", escribía Jaime Sánchez Susarrey, columnista del diario Reforma. Tampoco tiene precedente la reciente revelación de que estaba en marcha un plan para asesinar al fiscal jefe, general Rafael Macedo de la Concha, en los días previos a su dimisión por el caso del desafuero del alcalde del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. La propia Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) informó de que el grupo de sicarios Los Zetas decidió matar a Macedo de la Concha en venganza por la captura de uno de los jefes del cartel del Golfo.

El poder del narcotráfico y del crimen organizado no es de fecha reciente en México, ni la guerra contra los carteles de la droga. Pero diversas voces advierten de que el problema ha adquirido una dimensión desconocida y piden acciones urgentes para frenar la escalada de violencia en varios Estados mexicanos. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, ha dicho una vez más que en la frontera norte de México la violencia ha empeorado de tal manera que las autoridades han sido rebasadas en algunas partes. En una reflexión similar, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás (PRI), señala que México, como nación y como sociedad, está perdiendo la guerra contra el crimen organizado.

Más inquietante es la afirmación de Manuel Camacho Solís, principal asesor de López Obrador, favorito ante las elecciones presidenciales de 2006, de que varios Gobiernos estatales y municipales se han coludido con el narcotráfico, que ha financiado campañas electorales millonarias, y hoy carecen de autoridad.