Las cuentas de los organismos reguladores pasan a engrosar el déficit público en 2004

El Estado acaba de ampliar el número de entidades consideradas administraciones públicas. Los recientes cambios introducidos en las cuentas nacionales incluyen una recalificación de casi 200 sociedades con función pública hasta ahora excluidas del déficit. Los principales reguladores de los mercados (la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía) figuran en ese grupo. La recalificación, que afecta fundamentalmente a las comunidades, genera un déficit adicional de 418 millones para el Estado.

Las administraciones públicas españolas han incorporado en los últimos años cerca de 200 empresas concebidas en principio con otra naturaleza jurídica. Un grupo de trabajo constituido por expertos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Banco de España y de la Intervención General del Estado analiza permanentemente cada sociedad que se funda para determinar si sus cuentas pueden contabilizarse por separado o deben estar al abrigo del Presupuesto público.

El INE ha aprovechado la reciente revisión al alza del volumen de producto interior bruto (PIB) para incluir estas sociedades en las cuentas públicas. Son casi 200 empresas, la mayoría creadas por las comunidades autónomas, según el Ministerio de Economía. Pese a todo, algunos cambios también afectan a la Administración central, obligada a reflejar esas sociedades en sus cuentas de 2004, con un déficit adicional de 418 millones de euros (el 0,05% del PIB). El déficit global asciende al 0,27%.

En la lista figuran los reguladores de los principales mercados. En primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargada de velar por la transparencia bursátil. El grupo guardián de las cuentas claras considera que, al emitir la CNMV regulación de obligado cumplimiento, debe incluirse en la Administración.

Algo parecido ocurre con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía. Ambos organismos cobran un canon a las principales empresas de su sector. Esa cantidad se considera una tasa por prestación de servicio público, criterio suficiente para ser considerados como administración pública, según fuentes de Economía.

A esas empresas, se suman más de 30 fundaciones. En todos los casos se ha empleado el mismo criterio: si una entidad puede cubrir el 50% de sus gastos con sus ingresos será considerada de mercado; en caso contrario se atribuirá a la Administración.

La repercusión de esas sociedades ha sido más notoria en algunas comunidades. Así ha ocurrido con Mintra, que realiza las infraestructuras del metro de Madrid. Bruselas ha reconocido el carácter público de esta empresa, lo que obliga a la Comunidad de Madrid a reconocer su deuda (unos 2.400 millones de euros).