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La empresa pública Alycesa deberá pagar 260 millones a Torras por un contrato que impulsó el Ejecutivo del PP

La empresa Alimentos y Aceites (Alycesa), participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tendrá que pagar 260 millones de euros al Grupo Torras (144 millones por ejecución de contrato y 120 millones por intereses) por un contrato de opción de venta de acciones de Ebro Agrícola que impulsó el Gobierno del PP en el año 1997, siendo ministra de Agricultura la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio y en el marco de la reorganización del sector azucarero.

Así lo estipula una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ha desestimado el recurso interpuesto por Alycesa contra una primera sentencia en el mismo sentido dictada el 31 de marzo de 2003.

El contrato objeto de polémica se firmó el 30 de diciembre de 1997, auspiciado por el Ministerio de Agricultura y estipulaba que el Grupo Torras (propietario entonces del 35% de Ebro) concedía a la pública Alycesa una opción de compra por tres años sobre 9,6 millones de acciones de Ebro Agrícolas. A su vez, Alycesa (en un acuerdo que según las fuentes consultadas es poco usual) otorgaba una opción de venta sobre las mismas acciones, por el mismo precio y durante un año.

El precio pactado por Torras para las acciones de su participada era a la carta, el mayor de dos posibles: 18 euros por acción más un 10% anual hasta la formalización de la compraventa o la media aritmética del cambio medio ponderado de las últimas 40 sesiones bursátiles. Resultado: la empresa pública asumía riesgos mientras que el vendedor ganaba fuera cual fuera la evolución del valor en Bolsa. En octubre de 2000, Torras ejercitó el derecho de opción de venta y solicitó el cobro de 18 euros por acción más los intereses pactados. Alycesa se negó y el 14 de noviembre de 2001, Torras demandó a la compañía. En marzo de 2003, Torras obtuvo respaldo judicial en forma de sentencia y el Gobierno del PP interpuso recurso de apelación y solicitó la ejecución de la sentencia. Torras se opuso. La sentencia que vuelve a darle la razón, según las fuentes consultadas, es recurrible.

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