La policía descubre una empresa con 37 subsaharianos irregulares

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación han descubierto a 37 ciudadanos subsaharianos que trabajaban con papeles falsos para una empresa dedicada a realizar contratas forestales en distintos puntos de la región y de localidades cercanas. Los inmigrantes irregulares realizaban trabajos "de poca cualificación", según explicaron los dueños del negocio investigado.

La policía atribuye a los dos socios de la empresa, situada en Hortaleza, "un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por tenerles trabajando de manera ilegal en condiciones que perjudicaban sus derechos", explican fuentes policiales. Los socios de la empresa negaron las acusaciones y aseguraron que en ningún momento conocieron que sus trabajadores tenían papeles falsos. "Ellos vienen aquí con sus documentaciones y no podemos saber si son verdaderas o falsas. De todos modos, nosotros siempre les pedimos los documentos originales", aseguraron. Los 37 subsaharianos fueron detenidos el pasado día 2 en las inmediaciones de la estación de Chamartín, pero después fueron puestos en libertad.

La investigación está ahora en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Rioja. La sociedad investigada se fundó hace ocho años y ha pasado por distintas sedes. Su dueños tienen previsto un nuevo traslado para el mes que viene.La operación fue realizada por el Grupo VIII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, que depende del jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño. Las investigaciones comenzaron hace un mes, cuando la policía recibió desde Logroño una denuncia de un ciudadano de Ghana en la que afirmaba que a través de la Seguridad Social se había enterado de que otra persona estaba utilizando su identidad para trabajar en una empresa del distrito de Hortaleza. "Esto le estaba causando muchos problemas para cobrar el subsidio por desempleo", explicaron desde la policía.

Tras recibir esta denuncia, agentes del Grupo VIII de la Brigada de Extranjería y Documentación acudieron a dicha empresa, dedicada a la contratación de obras forestales y de jardinería. "Los trabajos los hacemos a través de contratas de diferentes empresas de construcción u organismos públicos", explicaron los responsables de la empresa investigada. La policía descubrió que los trabajadores habían presentado en su lugar de trabajo papeles falsos o de terceras personas, por lo que les atribuyó un delito de falsificación documental o usurpación del estado civil.

La mayoría de los empleados de la empresa son ciudadanos de Nigeria y de Ghana, sin permisos de trabajo ni de residencia. Los responsables de la empresa, en cambio, aseguran que desconocían el hecho de que tuvieran documentación falsa. "Nosotros no tenemos manera de comprobarlo. Incluso hemos mandado dos requerimientos a la policía para que nos explique cómo podemos detectar si una documentación es falsa. Y ellos mismos nos dijeron que eso era imposible de saber", dijeron. En cambio, fuentes policiales aseguraron que los dueños del negocio no habían mostrado demasiada colaboración durante la investigación.

El horario de los trabajadores irregulares comenzaba a las seis de la mañana. A esa hora tenían que estar en la estación de Chamartín, desde donde eran trasladados en todoterrenos (Land Rover) a los diferentes lugares de trabajo (Sanchinarro, la urbanización Mirasierra, Aranjuez y La Granja de San Ildefonso, en Segovia).

Fue precisamente en la estación de Chamartín donde la policía detuvo a los 37 trabajadores, les pidió la documentación y tomó declaración a los conductores de los vehículos que los transportaban (y que también eran capataces). Éstos delegaron en la empresa cualquier responsabilidad sobre la situación legal de los subsaharianos. Los capataces suelen ser españoles.

En patera

Los inmigrantes subsaharianos contaron a la policía que habían llegado a la isla de Fuerteventura en patera y, que de ahí, habían sido trasladados por aviones hasta Madrid. "Algunos contaron que la empresa sabía que trabajaban con documentaciones falsas porque les interesaba más esto que hacerles un contrato con el que se hubieran podido acoger al reciente proceso de normalización de extranjeros", explicaron fuentes policiales.

"Los detenidos contaron que, al tratarse de trabajos temporales, en la empresa les despedían cuando les interesaba, sabiendo que estaban indefensos dada su condición de irregulares", agregaron. Gran parte de los subsaharianos declararon que la empresa les empleaba "con la simple presentación de una fotocopia de un permiso de trabajo, sin pedirles ni siquiera el original ni su pasaporte". Desde la empresa aseguraron, en cambio, que la documentación que piden a los inmigrantes que acuden en busca de trabajo es "el original de su documento de identidad".

Los trabajadores detenidos contaron a la policía que cobraban 31 euros por día trabajado en una jornada laboral de 12 horas (de seis de la mañana hasta las seis de la tarde). Se dedicaban a hacer labores que no necesitan ninguna cualificación, como cortar matorrales o quitar rastrojos. Entre el grupo, algunos llevaban trabajando un año y otros estaban recién llegados.

"La jornada laboral es de ocho horas, no vale contar desde el momento en el que les recogemos en la estación de Chamartín. Además, les pagamos entre 725 y 850 euros al mes con contratos dados de alta en la Seguridad Social. Seguimos el convenio que se hace en el campo", explicaron desde la empresa. "Aquí no hay nadie explotado", dijeron. Los dueños añadieron que cuando contratan a un inmigrante le ofrecen un reconocimiento médico,"un equipo de protección individual" (mono, botas, guantes) y un curso de formación.

Los dos socios justifican el hecho de que sus ex empleados hayan declarado que no tenían contrato a que cuando cogen a gente para trabajar por exceso de trabajo "no es necesario hacerles un contrato firmado". "Si les contratamos sólo por tres o cuatro días, no es necesario firmar nada", agregaron.

Todos los detenidos, que carecían de antecedentes policiales, fueron puestos en libertad después de declarar. Aunque la policía les ha tramitado los expedientes de expulsión, hay algunos que han vuelto a trabajar en la empresa, según explicaron sus responsables. "Hay algunos de los que estamos seguros que son quienes dicen ser", concluyeron.