El avance de las reformas
Los textos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Andalucía llegarán al Parlamento español en los próximos meses
La reforma de los estatutos está ya avanzada en casi media docena de comunidades. En alguna de ellas se ha alcanzado un alto grado de consenso en la negociación de su contenido. La rúbrica de un pacto en la Comunidad Valenciana entre el PP y el PSOE puede animar a populares y socialistas a intentar un acuerdo en las comunidades en las que se erigen como principales fuerzas políticas.
Al menos cuatro propuestas de reforma estatutaria pueden llegar al Congreso de los Diputados en los próximos meses, según las previsiones del Gobierno. La primera en debatirse en el Parlamento español puede ser la pactada a finales de mayo por el presidente valenciano, Francisco Camps, y el líder de los socialistas en esa comunidad, Joan Ignaci Pla. Se espera que el Parlamento autónomo dé luz verde al texto el 1 de julio. A ésta seguirán las de Aragón y Andalucía. La reforma aragonesa está muy avanzada. En diciembre se constituyó la ponencia encargada de la reforma y a finales de abril se aprobó por unanimidad la modificación de cinco artículos del Estatuto.
En Andalucía, los trabajos avanzan con un alto nivel de acuerdo entre socialistas y populares. El próximo viernes, la ponencia elevará un informe de primera lectura a la comisión y, a partir de ahí, está previsto que a finales de este año o principios del siguiente empiece a tramitarse la proposición de ley de reforma en el Congreso.
Cataluña puede ver aprobada su propuesta en las Cortes antes de 2006. El sábado se celebró una cumbre entre los representantes de todos los partidos, que no resolvió las principales discrepancias, los nueve puntos más conflictivos del proyecto, entre los que se encuentran la definición de Cataluña como nación, la bilateralidad de la relación con el Ejecutivo central, la reforma de la financiación y el papel de las comarcas. La mayoría de los partidos catalanes, que confían en un próximo acuerdo, esperan que el texto se pueda aprobar en el Parlamento autónomo antes de las vacaciones de agosto.
Los trabajos que se desarrollan en otras comunidades no permiten aventurar su tramitación en las Cortes en los primeros meses de 2006. Entre éstas se encuentra Asturias, cuyo Gobierno ha solicitado tres informes a otros tantos grupos de expertos universitarios, que servirán de documentos de trabajo. La reforma de Canarias se presenta para el Gobierno central como "una de las más complicadas", porque reclama la condición de "región ultraperiférica de la UE" y exige para las islas "todas las competencias del Estado, con la única excepción de Defensa, alta inspección y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También será compleja la tramitación del Estatuto de Baleares, con una reforma avanzada, que pretende, según su presidente, Jaume Matas, contar con las mismas atribuciones que Cataluña. Por su parte, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentará un texto este mes.
Las complejas reformas de los Estatutos de Galicia y el País Vasco están de momento paralizadas. En el primer caso, hasta que se constituya la ponencia parlamentaria, previsiblemente en otoño. En Galicia, la reforma se retrasará también al otoño, al menos, porque antes tienen que celebrarse las elecciones del día 19, y constituirse el nuevo Gobierno.
Entre las comunidades más rezagadas está Castilla-La Mancha, cuyo presidente, José María Barreda, anunció recientemente que el proceso en esa comunidad empezará a andar "en breve" con el ánimo de que los dos partidos con representación parlamentaria, PSOE y PP, lo aprueben por consenso. Navarra cuenta con una comisión de autogobierno, pero su pretensión principal en la reforma, la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que le vincula al País Vasco, está condicionada a la reforma de la Norma Fundamental. Mientras, La Rioja dispone de una ponencia extraparlamentaria, de la que saldrá un texto el año próximo. En el caso de la Comunidad de Madrid, no existe aún ningún texto ni negociaciones para la reforma estatutaria. Y Extremadura, Murcia y Cantabria no han expresado aún voluntad de reforma.
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