Energía eólica

Al repudio generalizado a la energía nuclear se une el rechazo frontal a la instalación de todo tipo de centrales térmicas, aunque éstas utilicen el gas natural, como ocurrió en Arcos. En la Bahía de Cádiz también se rechaza la construcción de térmicas en Cádiz y Puerto Real. Eso sí, los mismos que se manifiestan contra térmicas y nucleares quieren luego que haya energía para sus aparatos de aire acondicionado y los electrodomésticos del hogar. En este contradictorio panorama se produce el debate sobre el llamado Parque Eólico de Trafalgar, un proyecto que tiene en su primera fase la construcción de 273 aerogeneradores con una producción global cercana a los 1.000 megavatios y una inversión de 1.600 millones de euros, lo que puede abastecer a 700.000 hogares, casi como las provincias de Cádiz y Sevilla juntas. Se trata de unos molinos situados a 10 kilómetros de la costa que emergen sobre el mar unos 90 metros. La iniciativa de la empresa EHN, del grupo Acciona, es la primera prevista. La utilización de energías renovables debería ser una buena noticia si, además, lleva consigo la creación de puestos de trabajo (unos 2.000 sólo para la instalación) y de las jaulas marinas, que incluyen en su base los aerogeneradores, destinados a la producción de pescado y marisco (27.000 toneladas de producción prevista). Parques eólicos como estos funcionan en Holanda y en Dinamarca a la perfección. Pero aquí nos hemos topado con nuestro racial conservadurismo. El temor atávico al cambio, unido a todo tipo de apelaciones testiculares ("eso se hará por encima de mi cadáver", que dijo el patrón de una cofradía de pescadores) hacen difícil el debate y la toma de decisiones. El rechazo tiene un doble componente: el impacto sobre el paisaje y la pesca. Lo primero es algo subjetivo y que debería afrontarse con una perspectiva temporal, los nuevos proyectos se integran en el paisaje pasados los años; la repercusión sobre la pesca (entre otras, la del atún con almadrabas) no está basada en ningún estudio. Los Ayuntamientos de Vejer, Barbate y Conil se oponen con rotundidad, mientras que el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía dudan ante el revuelo. El que más grita no es el que más razón tiene. Sólo los ecologistas defienden el proyecto en una coherencia que les honra. El conservadurismo no tiene color político.