Centros de menores, problemas mayores

Cualquier análisis sobre los centros de menores en Cataluña pasa por la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, de 2000. La ampliación de la edad penal de los 16 a los 18 años abrió la puerta a la masificación (en jerga sindical) o sobreocupación (término preferido por el Departamento de Justicia) y endureció el perfil del interno.

Un menor puede permanecer hasta los 23 años en el centro antes de dar el salto a la cárcel. La población reclusa ha aumentado el 64% desde que entró en vigor la ley. El año pasado se acordó un plan de choque que preveía el máximo aprovechamiento del espacio de los seis centros que hay en Cataluña y estiraba su capacidad hasta los 242 internos.

Aunque la cifra fluctúa a diario, en los últimos meses se han rondado los 270, según fuentes sindicales. L'Alzina (Palau Solità) y los Til.lers (Mollet del Vallès), los más grandes, se diseñaron para 50 internos, el plan de choque los elevó a 60 y acogen a 85.

Reinserción casi nula

Pero esa treintena escasa de excedentes, casi ridícula en contraste con el hacinamiento que aqueja a algunas cárceles, es la que impide rehabilitar a los internos, según los sindicatos. La ley obliga a separarlos por edades y tipologías para tratarlos y educarlos de forma individualizada. "Eso es muy difícil ahora. Y eso conduce a que la reinserción sea casi nula actualmente", afirma Santi Martín, presidente del comité intercentros de justicia de CC OO.

Sindicatos y educadores coinciden en que a muchos de ellos los tienen ya muy vistos. El departamento lo niega. Josep Font, director general de Justicia Juvenil, asegura incluso que el grado de reinserción es alto, y los reincidentes, pocos. "Hay suficiente personal para mantener los niveles de calidad", defiende.

En los centros grandes hay entre 10 y 12 educadores trabajando simultáneamente en cada turno: una proporción de un educador por cada ocho internos. Según los sindicatos, es inviable un trato personalizado. Añaden que la congestión de los centros y la falta de personal explican que se haya disparado el número de fugas en las últimas semanas (al margen de otras causas más evidentes, como la escasez de medidas de seguridad).

"Con mejores condiciones para trabajar es más fácil establecer una buena relación con el chaval. Entonces no piensa en escapar porque se siente a gusto, atendido", afirma Martí.

Que la población reclusa aumente depende de factores como la inmigración (el 41% es extranjera) o de que los jueces dicten medidas alternas al internamiento (ésta es la extrema, sólo para los que cometen delitos graves o son reincidentes).

Según los números actuales, la prevista apertura en 2006 del centro de Can Llupià, en el barcelonés barrio de Horta, acabaría con la masificación. Pero todos los indicios apuntan a una ocupación creciente.

¿Es tan mala ley? "La ley es buena, pero nació sin recursos materiales ni personales", juzga Martí. Cita las previstas medidas alternativas al internamiento, que para ser desarrolladas requerirían inversiones, acuerdos con ayuntamientos... "Es un derecho que tiene el menor y que no se aplica".