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Columna
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El archivo o los centros de menores

Soledad Gallego-Díaz

Según el diccionario, "provocar" significa, coloquialmente, "vomitar lo contenido en el estómago". Es bastante gráfico y se aplica muy bien a algunos personajes de la política y de los medios de comunicación españoles. Las personas que hacen de la provocación su principal motivación tienen, generalmente, muy poco interés intelectual, pero consiguen un enorme protagonismo mediático, porque la provocación consiste, precisamente, en obligar al otro a reaccionar o responder a lo que ellas quieren. Su principal éxito es cambiar "la agenda" de los ciudadanos; impedir que se hable de lo que le importa a los otros, tan irritados por lo que oyen que ceden su propio interés ante la urgente necesidad de "responder".

¿Por qué estamos todo el día hablando de identidades? ¿Qué sentido tiene manifestarse para impedir que unos documentos se trasladen de un archivo a otro, cuando, por otra parte, quedan facsímiles de esos documentos en su lugar de origen? ¿Hay que seguir atendiendo, y contestando, hasta la eternidad, a quienes niegan la evidencia de lo que ocurrió el 11-M?

Es mucho más importante lo que ocurre en los centros de menores de Canarias que lo que pasa en el archivo de Salamanca. Y sería lógico que los ciudadanos se sintieran más impresionados por la muerte de una muchacha de 16 años, encerrada en un centro de menores de Tenerife (pese a que su psiquiatra recomendara vivamente que no se le dejara sin asistencia médica ni psicológica) que por el destino físico de 3.000 o 20.000 documentos. ¿Cómo es posible preocuparse más por el lugar exacto, Castilla y León o Cataluña, en el que se van a archivar 300 legajos históricos que por las 700 denuncias, 20 incendios y dos muertes que se han producido en los centros de menores de Canarias?

Y si se trata de poner la cultura por encima de todo, entonces lo razonable sería empezar a movilizarse contra el aumento del número de alumnos por aula que ha decidido, con toda tranquilidad, la Comunidad de Madrid. El 48% de las aulas de los colegios concertados y el 12% de los colegios públicos tienen más de 25 escolares, la cifra máxima que fija el Ministerio de Educación (y más que la media fijada por los expertos europeos). ¿Qué se ha hecho? Simplemente se ha autorizado meter entre 28 y 30 niños en cada grupo. Brillante.

Los responsables de la Comunidad de Madrid llevan semanas hablando más del derecho (inexistente) de las víctimas del terrorismo a que sus opiniones políticas se conviertan en política gubernamental que de los problemas escolares de los niños de la ciudad o la persistencia de las listas de espera en la asistencia sanitaria. Lo extraño no es que dediquen tanta atención a una cosa y tan poca a la otra. Lo extraño es que a los ciudadanos, bombardeados por los provocadores de turno, no les parezca nada raro.

Caer en la provocación tiene otra importante vertiente dañina: que hombres y mujeres honorables y decentes se sientan obligados a defenderse de una descalificación personal y gratuita. ¿Qué país es éste en el que alguien como el ex presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces-Barba, uno de los mejores representantes del respeto político, la tolerancia y la amistad cívica, tiene que salir en su propia defensa, sin que se alcen las voces enfadadas de sus antiguos compañeros de la etapa constitucional, conocedores de su historia y de su valor? No se trata de que Peces-Barba sea socialista o no. Militara en el PP, en el PSOE o en IU sería una persona igualmente valiosa.

El alto comisionado dimitirá finalmente si se ve imposibilitado para llevar adelante su trabajo o, en el fondo, si así le place al señor Alcaraz, pero las víctimas del terrorismo deberían saber que nunca van a tener a su servicio a alguien más intelectualmente valioso, más respetuoso y honesto que Peces-Barba y que si creen que sus intereses están mejor cuidados con el presidente de su asociación que con el consejo y apoyo de este profesor están profundamente equivocados. Es como si en Francia un día despreciaran a Simone Veil, la primera presidenta del Parlamento Europeo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, simplemente porque le conviniera a un partido determinado. solg@elpais.es

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