El IVVSA recuerda que Burriel aprobó la LRAU en 1994

El gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), José Fermín Doménech, aseguró ayer que Eugenio Burriel y el PSPV "tienen un gran problema" cada vez que hablan de vivienda y urbanismo, y es que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que la Generalitat del PP lleva aplicando durante diez años, fue aprobada y puesta en marcha por el Gobierno socialista de los años noventa, siendo éste consejero de Obras Públicas.

Doménech, en una réplica a las declaraciones de Burriel, quien acusó al consejero de Territorio, Rafael Blasco, de ser el "principal desordenador del territorio", explicó que la LRAU "no reservaba ni un solo metro cuadrado de suelo para fomentar la VPO [Vivienda de Protección Oficial]". Esta ley, en cambio sí contribuía, según el gerente del IVVSA, a fomentar la especulación del suelo con la paralización de cualquier nuevo desarrollo urbano de viviendas, lo que desde su punto de vista "descalifica" cualquier ataque a la política de vivienda que realiza la Generalitat valenciana en la actualidad, y mediante la cual "65.000 familias podrán adquirir una nueva VPO en estos cuatro años de legislatura".

Asimismo, Doménech manifestó que el Plan Valenciano de Acceso a la Vivienda impulsado por el Consell del PP "es respaldado en gran medida por ayuntamientos dirigidos por el PSPV", lo que interpretó como "un duro revés" para la dirección socialista y una "desautorización" a Burriel. Con este plan, defendió, la Comunidad Valenciana ha generado "la mayor cantidad de suelo de VPO de todas las autonomías".

Guetos

Doménech quiso salir al paso de "las críticas sin sentido hacia el trabajo del IVVSA" realizadas por Burriel, por lo que matizó que el instituto del que es gerente "no promueve ni viviendas libres ni caras", sino "protegidas, de calidad, con equipamientos e infraestructuras", y no "auténticos guetos de VPO en áreas marginales" como acusó que hizo el PSPV. En ese sentido aventuró que Catarroja o Massamagrell, donde Territorio está impulsando urbanizaciones, contarán con una oferta de más de 5.000 nuevas viviendas protegidas a precios que no sobrepasarán los 100.000 euros.

También aseguró que las viviendas libres en estas actuaciones quedan reservadas al propietario del suelo, mientras que las protegidas serán promovidas por el IVVSA o la empresa mixta adjudicataria. Doménech insistió en que las propuestas de ordenación serán conveniadas con los respectivos ayuntamientos y realizadas "con respeto escrupuloso" a las normas urbanísticas y la Ley de Ordenación del Territorio. El gerente del IVVSA indicó que "la única propuesta de Burriel" es paralizar la afloración de más suelo que no está protegido, "favoreciendo la especulación del escaso suelo y el encarecimiento de la vivienda".